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Francia dice que la crisis no permite una pausa en el implante de reformas

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El primer ministro francés, François Fillon, ha subrayado hoy que aunque el nuevo paquete de reformas anunciado este domingo por el presidente Nicolas Sarkozy no se trata de una "aceleración política" de las reformas, la situación actual hacía imposible "tomarse una pausa" en su aplicación.

En una comparecencia ante la prensa para detallar el dispositivo, Fillon ha explicado que "la violencia de la crisis, los compromisos tomados colectivamente en el seno de la zona euro y la degradación de la situación económica hacen que sea imposible e irrisorio" la idea de no actuar al respecto.

El jefe del Gobierno galo ha defendido además la necesidad de no esperar a los resultados de las Presidenciales de esta primavera, porque su aplicación "requiere márgenes" y no comenzar a trabajar de inmediato significaría que "se habrá perdido en 2012 un año en la lucha por la mejora de la economía".

"La crisis afecta a nuestro país haya o no elecciones. Hemos asumido en el marco de la eurozona una serie de compromisos precisos. Todos los países lo están haciendo, por lo que no tomar decisiones supondría no respetarlos y debilitar la zona euro", indicó.

Entre esas medidas se encuentra un aumento de 1,6 puntos porcentuales del IVA, que lo llevará al 21,2 por ciento a partir de octubre y que no prevé que provoque un aumento de la inflación porque será compensado, aseguró, por las exoneraciones de ciertas cotizaciones sociales que pagan las empresas por sus trabajadores.

Además de apuntar que esa subida del IVA no va a afectar a los productos alimentarios -con un tipo reducido-, consideró que la idea de que haya un alza generalizada de los precios "no se sustenta económicamente, porque las empresas que no hagan el esfuerzo de mejorar el coste de sus productos perderán cuota de mercado".

El primer ministro ha insistido en que estos cambios constituyen "el mantenimiento de un programa constante y coherente de reformas" por parte del Ejecutivo, a las que se añade un controvertido "contrato de competitividad", que permitirá a los empresarios renegociar el tiempo de empleo en función de las necesidades específicas.

Esa medida, que pasa página a la semana laboral de 35 horas, se abordará durante los próximos dos meses entre los agentes sociales, y se lanza al considerar que las empresas "no disponen en la actualidad de disponibilidad para adaptar plenamente la duración del trabajo a la evolución de la actividad".

Se quiere aportar un "balón de oxígeno" para reducir el coste de la producción, favorecer las exportaciones y evitar las deslocalizaciones, a lo que contribuirá una suerte de tasa Tobin a la francesa, que gravará con un 0,1 por ciento las operaciones bursátiles y con el que se espera recaudar 1.000 millones de euros anuales.

"Sabemos que hay resistencia a nivel europeo y por eso queremos tomar la delantera con un dispositivo para demostrar a los reticentes que es factible, que no tiene un efecto perverso sobre la economía y que puede aportar una respuesta a los excesos de las finanzas", concluyó.

Fillon ha querido dejar claro que no se trata de un nuevo plan de austeridad porque las medidas ya adoptadas no lo hacen necesario, pero ha hecho hincapié en que con ellas se quiere lanzar un mensaje "de seriedad a los mercados y anticipar la mejora de la competitividad de la economía".