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Francia y Alemania pactan el nuevo sistema de sanciones para la zona euro

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La Unión Europea ha acordado una reforma de la disciplina fiscal, que incluirá un endurecimiento de las sanciones a los países infractores pero que es menos ambiciosa que lo deseado por el Ejecutivo comunitario, gracias a un pacto acordado entre Francia y Alemania, diseñado para satisfacer a ambos países.

La reforma consensuada el lunes introduce una amplia gama de castigos, que se aplicarán a los países de la zona euro desde la fase preventiva, mediante un complejo sistema de activación que pretende ser más automático y menos dependiente del consenso de los Veintisiete.

Sin embargo, supone una rebaja frente las propuestas de la Comisión Europea y Alemania, al introducir salvaguardas para que los estados conserven cierto poder en la toma de decisiones y para dar una segunda oportunidad a los países para que corrijan el tiro antes de sancionarlos.

Estas salvaguardas responden a las exigencias de Francia, que desde el comienzo del debate se ha opuesto a dejar decisiones de semejante calado como las sanciones en manos de técnicos de la Comisión Europea.

Por su parte, París ha cedido a las exigencias alemanas al aceptar por primera vez una revisión del Tratado de Lisboa, para permitir una suspensión del voto a los países reincidentes y la puesta en marcha de un mecanismo permanente de resolución de crisis, similar al acordado la pasada primavera para Grecia.

Los máximos dirigentes de Francia y Alemania escenificaron su liderazgo al adelantarse en el anuncio del acuerdo a los propios ministros de Finanzas de la UE, que debatían la disciplina fiscal en Luxemburgo.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, realizaron una declaración conjunta en Deauville (Francia), donde celebraban una cumbre con el presidente ruso, Dmitri Medvédev.

En su declaración, piden al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que presente opciones concretas para poner en marcha un mecanismo permanente de resolución de crisis antes de la cumbre europea prevista para marzo de 2011, de manera que el mismo esté en vigor antes de 2013.

El comunicado del eje franco-alemán explica que la adopción de sanciones preventivas para los países que muestren una deriva presupuestaria pero que no hayan superado los límites de déficit y deuda permitidos corresponderá al Consejo, por mayoría cualificada, sobre una propuesta de la Comisión Europea.

Los castigos en la fase preventiva consistirán en el bloqueo de depósitos que generarán intereses, aunque el grupo de trabajo ha evitado cifrar de manera numérica la cuantía de los mismos a diferencia del Ejecutivo comunitario, que había propuesto multas equivalentes al 0,2% del PIB (En España, estas podrían superar los 2.000 millones de euros).

El depósito será devuelto junto con los intereses que genere, si el estado miembro toma medidas para corregir su situación en el plazo de seis meses.

Pero si el Consejo considera que no ha emprendido las acciones necesarias en ese plazo, podrá abrirle un procedimiento por déficit excesivo y será entonces cuando comenzarán a aplicarse las sanciones semi-automáticas propuestas por el Ejecutivo comunitario, que serán activadas mediante el método del "voto reverso".

Este mecanismo consiste en que los castigos propuestos por el Ejecutivo comunitario sean aprobados sin necesidad de pasar por el Consejo, a no ser que una mayoría de estados miembros se oponga en un determinado plazo (la Comisión Europea ha propuesto diez días).

Bruselas quería que este mecanismo fuera aplicable a todo el rango de sanciones.

Con el objetivo de satisfacer a Italia, el documento final explica que la deuda deberá ser tenida en cuenta como un factor vinculante en el procedimiento sancionador pero evita cifrar el ritmo de reducción de la deuda que será exigido.

Por último, y para atender a las demandas españolas, las sanciones por déficit de competitividad sólo serán aplicables a los países que desoigan las recomendaciones de Bruselas en este capítulo y deberán ser precedidas por una decisión al máximo nivel político, en el Consejo Europeo, según el documento acordado por París y Berlín.

El informe final del grupo de trabajo encargado de impulsar la disciplina fiscal, liderado por el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, deberá ser refrendado por los líderes europeos en la cumbre que se celebrará en Bruselas los días 28 y 29 de octubre.

La Comisión Europea desea que el nuevo marco disciplinario entre en vigor el próximo verano, aunque los castigos no serán retroactivos para los países que ya tengan déficit, como es el caso de España.