'El Movimiento Nacional requiere como medida indispensable que todos aquellos ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, hubieran contribuido con una actuación política y social a que España llegara al estado de anarquía y barbarie (...) sean debidamente sancionados como garantía de justicia'.

Así comienza un decreto ley del 9 de diciembre de 1936. Apenas comenzada la Guerra Civil, el mismo texto, redactado por los golpistas, ordena la 'separación definitiva del servicio de toda clase de empleados' contrarios al 'Movimiento'. Documentos como este son un ejemplo de que la represión que caracterizó al régimen franquista durante 40 años comenzó mucho antes de la victoria nacional en la Guerra Civil; y se articuló nada menos que a través de leyes.

Así lo constata el trabajo que han desarrollado varios miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Bajo la dirección del filósofo Carlos Agüero Iglesia, han examinado durante tres meses más de 3.000 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado entre 1936 y 1965.

'La labor depuradora' contra los funcionarios públicos, las 'incautaciones de bienes' o los 'consejos de guerra' contra personal civil por causas como la 'oposición al glorioso alzamiento' son referencias fáciles de encontrar entre las numerosas órdenes, decretos y leyes que configuran el material legislativo de la época.

La investigación prueba que el agravio hacia los vencidos republicanos fue simultáneo al reconocimiento a las víctimas de los vencedores. La represión convivió así con el homenaje a los 'muertos en campaña' y la imposición de un gran número de 'medallas de sufrimiento por la patria'. Para los descendientes y viudas de los 'asesinados por los marxistas', se establecieron pensiones que, en muchos casos, tuvieron carácter vitalicio.

El dictador, antes incluso de confirmar su victoria, se ocupó no sólo de los supervivientes de su bando sino también de los muertos. Esta preocupación también tiene su reflejo legal. A partir de 1936 se encuentran ya normas que exigen la elaboración de un censo de las defunciones y desapariciones ocurridas 'a causa de la lucha nacional'.

Una orden de 1940, insta a los ayuntamientos a la adopción de medidas que garanticen la 'piadosa finalidad' de respetar los 'restos sagrados de los mártires' del bando nacional, así como de los lugares donde yacen 'los restos de las personas asesinadas por los rojos'. Otra ley anterior, de 1939, los autorizaba a 'dispensar o reducir' los impuestos que 'gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muertos en el frente'.

Todas esas medidas recuerdan a las reclamaciones de las víctimas republicanas y sus familiares, que 70 años después, y aún con la Ley de la Memoria Histórica en vigor, siguen pendientes de recibir una justa satisfacción.

Depuración de docentes. 'La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si previamente no se realizase una labor depuradora del personal'. Así justifica un decreto de 1936 las llamadas Comisiones de Depuración de Enseñanza.

Discriminación machista. Un BOE de 1938 anticipa ya las intenciones sexistas del franquismo: “La tendencia del Nuevo Estado es que la mujer dedique su atención al hogar y se separe de los puestos de trabajo”.