Tal como estaba previsto, el pleno del Congreso designó este martes al ex ministro Alberto Oliart, de 81 años, como nuevo presidente de la Corporación Radio Televisión Española. El nombramiento será ratificado este miércoles en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Corporación convocada por el presidente saliente, Luis Fernández, cuya dimisión se hizo efectiva el lunes, según informaron a Público fuentes del órgano rector de RTVE.

Aunque técnicamente sería posible que los consejeros se opusieran al nombramiento de Oliart, las citadas fuentes señalan que la votación de mañana es en realidad una mera formalidad y que los consejeros se limitarán a ratificar la designación. Antes, por la mañana, Oliart tomará posesión de su cargo en el Congreso, según fuentes parlamentarias.

Cumpliendo con la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, el Congreso designó a Oliart a través de una doble votación nominal, secreta y con urna. En primer lugar, los diputados eligieron a Oliart miembro del Consejo de RTVE por 306 votos a favor, 28 en blanco y tres nulos. Después se designó al ex ministro como presidente de RTVE mediante otra votación, en la que Oliart obtuvo el respaldo de 296 diputados y se registraron 29 votos en blanco y dos nulos.

En ambos casos era necesario que el candidato obtuviera el respaldo de dos tercios de la Cámara (234 sufragios), algo que ya estaba garantizado teniendo en cuenta que la elección de Oliart para los próximos tres años -los que restaban del mandato de Luis Fernández- es fruto del acuerdo entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Por otro lado, tanto el Grupo Popular como el de ERC-IU-ICV presentaron en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. El PP rechaza la Ley porque no cuenta con el consenso necesario y 'nace anticuado, técnicamente deficiente y adolece de una grave inseguridad jurídica' para el sector audiovisual, entre otras razones.

Por su parte, el grupo ERC-IU-ICV pide la devolución del texto al Gobierno al entender que denota 'un clamoroso trato de favor' a los operadores privados y que además requiere 'un debate global y profundas modificaciones en aspectos clave', siguiendo las recomendaciones de entidades como el Consejo de Estado, la Asociación Española de Anunciantes o las organizaciones de consumidores y usuarios. Asimismo, desde las filas de ERC se considera que la Ley 'invade funciones y competencias' autonómicas.