Ya anunciaron que no se quedarían de brazos cruzados y que llevarían a los tribunales la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar su paga extra de Navidad. Y así lo harán. Este martes, los empleados públicos comenzarán a reclamar, por la vía contencioso-administrativa, el abono de esa parte recortada de sus salarios. La plataforma de sindicatos del sector público, integrada por CCOO, UGT, CSIF junto a una treintena de organizaciones sectoriales, está decidida a agotar todas las vías legales de reclamación para que se haga efectiva la restitución de un 'derecho salarial consolidado'.

La plataforma iniciará esta nueva vía de reclamación general con la interposición de recursos previos a la vía contenciosa administrativa para el personal de la Administración General del Estado (AGE), Correos, Sanidad y Educación a nivel estatal. Una semana más tarde se se iniciarán los procesos para el personal dependiente de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. En el caso del personal laboral, los sindicatos presentarán ante la Audiencia Nacional una demanda conjunta de conflicto colectivo, pues se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

En sus alegaciones, los sindicatos exponen que la supresión de la paga extra de Navidad supone 'una quiebra total y absoluta de los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica proclamados en el art. 9.3 de la Constitución, así como del principio de confianza legítima'.

El pasado octubre, la plataforma se reunió con la Defensora del Pueblo para solicitar que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la eliminación de este derecho. La interposición del recurso fue rechazada, aunque la defensora del pueblo dictó una serie de recomendaciones destinadas a amortiguar el impacto del perjuicio. Entre ellas, que la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios no fuera total y que comenzara a aplicarse en el momento de la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 del 15 de julio, considerando que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado; y que se concretara la forma en que se compensaría a los funcionarios por las cantidades suprimidas (reingreso en un plan de pensiones a partir de 2015) puesto que no todos los empleados públicos disfrutan de planes de pensiones o contratos de seguro colectivo.