La Fundación "Rigoberta Menchú", que mantiene en España un proceso por genocidio contra un grupo de militares guatemaltecos, lamentó hoy la "muerte en la impunidad" del coronel Germán Chupina Barahona, uno de los imputados.

"Es lamentable que la justicia guatemalteca no se haya dado la oportunidad de juzgar a alguien que estaba acusado de graves delitos de lesa humanidad", dijo a Efe Eduardo De León, director de la fundación que lleva el nombre de la Premio Nobel de la Paz 1992.

Chupina, quien dirigió la desaparecida Policía Nacional Civil durante el gobierno del presidente Romero Lucas García (1978-1982), murió hoy por causas naturales en su residencia de Boca del Monte, en la periferia sur de la capital, producto de una larga enfermedad degenerativa, según sus familiares.

De León lamentó que la muerte le haya llegado a Chupina, de 84 años, "sin que la justicia guatemalteca se haya dado la oportunidad de juzgarlo, no sólo para reivindicar la complicidad del Estado con los delitos de lesa humanidad, sino para que los acusados tuvieran la oportunidad de demostrar la inocencia que pregonan".

La negativa de los tribunales de Guatemala de juzgar a los supuestos responsables del genocidio cometido en Guatemala en contra de la población indígena del país durante la guerra interna que este padeció (1960-1996), obligó a la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, a acudir ante la Justicia española.

En diciembre de 1999, Menchú presentó ante la Audiencia Nacional de España (ANE) una demanda penal en contra de ocho ex altos cargos guatemaltecos, a quienes acusa de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.

Chupina es el segundo de los ocho procesados ante la ANE que fallece sin que la Justicia haya determinado su inocencia o responsabilidad por los hechos de que se le acusan.

El ex presidente Lucas García murió en mayo de 2006 en Venezuela, en donde radicó junto a su esposa durante sus últimos quince años.

"Frustra la idea de que primero se mueran los procesados, antes de que la Justicia se haga efectiva en el país, y que estas personas mueran cobijados por la impunidad", señaló De León.

La demanda promovida por Menchú ante la justicia española también está dirigida contra los generales golpistas José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Victores (1983-1986); así como el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa general Benedicto Lucas García y el ex ministro de la Defensa general Ángel Aníbal Guevara.

Además del ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, quien se encuentra prófugo de la justicia desde finales de 2005, y el ex jefe de un comando especial de la Policía Nacional Pedro García Arredondo.

Los avances obtenidos en este caso por la ANE fueron truncados en diciembre del año pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, determinó que la Justicia española no tiene competencia para juzgar a guatemaltecos.

Ese falló dejó sin efecto las órdenes de captura contra los acusados, ordenadas por la ANE a mediados de 2006, las cuales fueron autorizadas por un tribunal guatemalteco en noviembre de ese año y que permitieron la detención de Chupina y Guevara.

Aunque Chupina nunca pisó la cárcel, porque se internó en un centro asistencial, durante el año que permaneció en ese lugar estuvo bajo custodia policial para evitar que escapara.

El fallecido coronel volvió a su casa días después del fallo de la CC, pero no logró recuperar su salud.

La Fundación Menchú, aseguró De León, continuará con el proceso "hasta que la Justicia reine, ya sea en España, en Guatemala o en cualquier parte del mundo".

El pasado 16 de enero, el juez español Santiago Pedraz anunció la continuación del proceso, y pidió a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan podido ser testigos del genocidio de Guatemala que lo denuncien en sus respectivos juzgados para que éstos lo remitan a la ANE.