El G-20 ha aplicado el cuento de Pedro y el lobo para intentar acabar con los paraísos fiscales. Ha publicado a bombo y platillo que hay una lista negra de paraísos fiscales y se ha sentado a esperar la reacción de los países que aparecen en ella. Esta no se ha hecho esperar.

Uruguay uno de los países que, junto con Costa Rica, Malasia y Filipinas, ni siquiera se ha comprometido a aplicar las normas de la OCDEpara intercambio de información anunció que está trabajando para mejorar. Luxemburgo que tiene secreto bancario ha dicho a través de su primer ministro, Jean-Claude Juncker, que va a negociar acuerdos bilaterales de doble imposición para salir de la lista. Claro que Juncker insistió en que varios estados de Estados Unidos (Delaware, Wyoming o Nevada) deberían aparecer en la lista de paraísos fiscales de la OCDEy no están.

También Suiza, país emblemático del secreto bancario, se quejó por aparecer en ella y su ministra de Justicia, Eveline Widmer-Schlumpf, señaló que están dispuestos a "renegociar los acuerdos de doble imposición". Este tipo de acuerdos se firman entre dos países para fijar el tratamiento fiscal en determinados casos y el intercambio de información tributaria de los dos Estados. Los convenios firmados por Suiza no contemplan facilitar datos a la Hacienda Pública del otro país.

Un paraíso fiscal no es sólo un territorio con bajos impuestos; es un territorio con nula o casi nula fiscalidad que, además, no facilita información a otros países sobre los que llevan su dinero allí. Y en esto también hay grados: desde los que no dan ningún dato hasta los que tienen firmado algún acuerdo. Cuando se han firmado convenios que incluyen intercambio de información de acuerdo con las reglas fijadas por la OCDE con, al menos, 12 países, dejan de considerarte oveja negra y sales de la lista de paraísos fiscales.

En realidad, la lista negra de la OCDE aunque ésta se niega a llamarla así no es nada nuevo. Existe desde hace mucho tiempo y recoge los avances o nulos avances de los territorios poco cooperativos en materia fiscal. Pero el énfasis que el G-20 ha hecho para acabar con los paraísos le ha dado una trascendencia especial. El Gobierno español cree que va a provocar un "efecto anuncio" nada despreciable ante el "temor" a que se tomen medidas.

Por ahora no hay ninguna, salvo la mala imagen de estar en la lista, pero cuando vuelva a reunirse el G-20, en el último cuatrimestre del año, se revisará la situación. Confían en que el miedo haya modificado el comportamiento de los paraísos para que cooperen por propia iniciativa. Y será entonces cuando decidan si se adoptan sanciones. En Londres ya se han apuntado cuáles podrían ser estas medidas: aumentar las peticiones de información a las empresas sobre las operaciones que hagan con paraísos fiscales; imponer retenciones a los pagos a entidades o personas residentes en paraísos fiscales (España ya impone una retención del 18% excepto, paradójicamente, en los intereses de la Deuda Pública); prohibir deducir los gastos que se hagan en esos territorios (España ya lo impide); y que los programas de ayuda e inversión de instituciones internacionales tengan en cuenta a la hora de invertir si se trata de territorios opacos fiscalmente.

En esa reunión habrá que escuchar a China, la que más se ha opuesto a la lista negra alegando que no es miembro de la OCDE y que no reconoce su autoridad. Precisamente, el final de la cumbre se retrasó por el enfrentamiento entre China y Francia por este asunto. Ni Hong Kong ni Macao aparecen como paraísos fiscales porque, según el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, los dos territorios chinos han prometido adaptarse a las normas del organismo .