El G-20 es desde ahora el nuevo árbitro de la economía mundial. En Pittsburgh, sus dirigentes acordaron ayer otorgar nuevos poderes al que se ha oficializado como principal foro de las decisiones financieras internacionales, suplantando al club de los ricos que componían los países más avanzados.

'El crecimiento de la economía global y el éxito de nuestros esfuerzos coordinados en responder a la reciente crisis subrayan la necesidad de tener un sistema internacional de cooperación', asegura el comunicado final. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, subrayó al final de la cumbre que el nuevo modelo 'no puede tolerar el viejo modelo de economía de euforias y depresiones'.

No son sólo buenas intenciones. Con las nuevas normas, los países vigilarán las economías de los otros socios, recibirán informes del estado de sus economías, y evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos acordados entre todos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) hará de guardián de la ortodoxia económica y supervisará todo el proceso.

No se impondrán sanciones en caso de que alguna de las naciones se aparte de las metas fijadas, pero se espera que la presión internacional sea suficiente.

Y para ello se oficializa lo que ya se dijo en L'Aquila (Italia) el pasado julio: que el G-20 sustituirá al G-8 como 'el foro internacional donde se tomen las decisiones económicas afecten al mundo', subraya el documento de la cumbre, un foro más representativo que suma el 85% de las economías del planeta y dos tercios de su población.

'Los cambios dramáticos que han ocurrido en el mundo no siempre se han visto reflejados en la estructura global de cooperación económica', dijo la Casa Blanca. 'El G-20 estará ahora en el centro de todas las decisiones con vistas a consolidar una recuperación sólida y evitar las fragilidades financieras que llevaron a la crisis', añadió.

El foro que hace algo menos de un año, en su primera reunión en Washington, salió de una relativa oscuridad para luchar contra la crisis sigue centrándose en reforzar y armonizar las legislaciones financieras.

El G-20 establece normas para controlar las bonificaciones de los banqueros. El documento no aboga por imponer límites estrictos a las primas -Estados Unidos estaba en contra- aunque sugiere reglas internacionales que vinculen la remuneración de los financieros al rendimiento de sus empresas. El comunicado final asume las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estabilidad Financiera (ver información en página siguiente), que sugiere incentivar los planes de retribución a largo plazo, evitando en todo caso los bonus garantizados y las remuneraciones basadas en una gestión agresiva y a corto plazo de las entidades.

Sobre la regulación financiera, clave en los debates de la cumbre, los resultados fueron bastante ambiguos. Los bancos, según el comunicado final, deberán mantener más reservas, proporcionales a su capital, para evitar la quiebra en momentos de crisis según unas reglas que se pondrán en marcha a finales de 2012 y que todavía están por negociar. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales serán los encargados de entrar en los detalles de la nueva regulación financiera.

La cumbre también confirmó uno de sus grandes logros: la lucha contra los paraísos fiscales, contra los que tomará medidas a partir de marzo de 2010 si no aplican la legislación internacional. 'Seguimos comprometidos a luchar contra los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero, las redes de financiación terrorista', dice el comunicado.

El G-20 acuerda continuar las medidas de estímulo fiscal y monetario, implementadas por los distintos países para atajar la recesión, hasta 'que se confirme una recuperación duradera'. Pide a sus miembros que 'actúen conjuntamente' para asegurar un crecimiento económico mundial más equilibrado. Además, insiste en la necesidad de reforzar los compromisos de eficiencia energética como base para un modelo económico más sostenible.

En conjunto, la cumbre de Pittsburgh trazó algunas líneas maestras de la 'nueva era de la economía', como la definió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero dejó sin precisar buena parte de los temas en debate.