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Galicia, Catalunya y Andalucía se rebelan contra el reparto del fondo de la pobreza infantil

PUBLICO / AGENCIAS

Tres Comunidades Autonómicas, entre ellas una del PP, se han rebelado contra el reparto que ha decidido el Gobierno del fondo contra la pobreza infantil. Andalucía, Catalunya y Galicia encabezan la rebelión contra el reparto de los 17,4 millones de ese fondo que hoy se ha decidido en la reunión del Consejo Territorial que ha presidido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Las tres comunidades critican que a la hora de repartir el escaso dinero del fondo no se ha tenido en cuenta el criterio poblacional. De hecho, la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, pidió este jueves al Gobierno que en los siguientes repartos del fondo creado para la prevención y la atención de la pobreza infantil se tenga en cuenta 'no sólo la tasa de pobreza sino también la población'.

A las quejas de Beatriz Mato se ha sumado la consejera catalana de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, quien ha criticado hoy que el fondo para la lucha contra la pobreza infantil perjudica a las comunidades autónomas más pobladas.

En un receso del Consejo Territorial, la consejera catalana ha precisado que en la reunión se ha mostrado contraria a los criterios de reparto del fondo porque no tiene en cuenta el conjunto de la población afectada por riesgo de exclusión y pobreza. De esta manera, ha asegurado, el fondo perjudica a las autonomías 'con mayor población'.

El reparto es tan injusto que, por ejemplo, un niño riojano en riesgo de exclusión recibirá una ayuda 25 veces superior a la de un niño andaluz en la mis situación. 

Por todo ello, Munté ha considerado que 'el gesto del Gobierno es muy pequeño' en la lucha contra la pobreza infantil. La consejera también ha criticado la 'acción recentralizadora' del Ejecutivo que 'genera un paso atrás en el autogobierno' de las comunidades y se ha referido en concreto a la ley de garantía de unidad de mercado y a la reforma local.

Munté también se ha referido al recorte del Estado a los servicios sociales y a la dependencia. En el ámbito de los servicios sociales, la consejera ha subrayado que el plan concertado en este sentido ha sufrido un importante recorte al pasar de los 86 millones de 2010 a los 27 actuales, y que en el caso de Cataluña se ha pasado de los 13 millones hace cuatro años a los 3 millones.

Por último, la consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, también ha mostrado su malestar. Tras dar la 'bienvenida' al fondo, ha pedido que se corrija la 'distribución' para que se haga efectivo de una manera 'más justa'.

Sánchez Rubio ha pedido una 'distribución más justa' del fondo para la lucha contra la pobreza infantil, en función de las necesidades de cada territorio. Sánchez Rubio ha calificado de escasa la cuantía del fondo y ha apuntado que 'no es lo mismo atender a 8.000 menores que a 600.000 en situación de pobreza', por lo que se ha referido a la necesidad de que se tenga en cuenta la población afectada por riesgo de exclusión y pobreza.

Ha insistido en la necesidad de corregir la distribución del fondo porque, en su opinión, 'no puede haber otro fondo para la pobreza con los criterios actuales de distribución'. La consejera también se ha referido a la Ley de Dependencia, y ha explicado que en la reunión ha solicitado que vuelva al Congreso de los Diputados para evitar su 'desmantelamiento'. El reparto es tan injusto que, por ejemplo, un niño riojano en riesgo de exclusión recibirá una ayuda 25 veces superior a la de un niño andaluz en la mis situación.

Ante la críticas, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido hoy el criterio establecido para repartir los 17,4 millones de euros del fondo para combatir la pobreza infantil porque es 'objetivo' y, además, fue consensuado entre su departamento y las comunidades autónomas.

De esta manera se ha expresado Mato durante la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales e Igualdad en el que se ha acordado la distribución definitiva del fondo aplicando el indicador Arope, que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

La distribución del fondo se ha hecho aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Algunas comunidades han señalado que dado que este índice no incluye la población sino solo la propia tasa Arope favorece a las regiones menos pobladas. Las mismas fuentes han explicado que en esta ocasión no se puede utilizar un nuevo indicador porque el fondo de 17 millones de euros hay que movilizarlo de forma urgente para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, dado que se trata de una partida que hay que ejecutar este mismo año.

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