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Gallardón: "La nueva ley va a reponer los derechos del no nacido"

El ministro de Justicia define como "progresista" la reforma de la legislación sobre el aborto que, asegura, llevará a cabo "al margen de 'lobbies' y de la Iglesia"

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha definido como progresista al defender el derecho a la vida del concebido no nacido en la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010, que previsiblemente presentará el Ejecutivo en próximas semanas.

En respuesta a la número dos del PSOE, Elena Valenciano, quien le ha advertido de que ya no está en la etapa de ser 'el progre del PP', el ministro de Justicia se ha definido así en palabras del escritor Miguel Delibes: 'No hay nada más progresista que defender la vida'.

Con ello, ha insistido en que el Gobierno no va a limitar ningún derecho de las mujeres en esta reforma, si no que va a 'reponer los derechos del concebido y no nacido', siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, un derecho que el PSOE quitó al aprobar la normativa de Aborto de 2010. '¿Es retrógrado Felipe González que gobernó 13 años con esta ley?¿Y Zapatero que lo hizo seis?', ha preguntado Gallardón a la socialista, al mismo tiempo que ha insistido en que su reforma no responderá a las presiones de lobbies ni jerarquías eclesiásticas, sino que atenderá a la Constitución.

Precisamente, el propio Gallardón justificó en la tarde de ayer martes en el Senado que él 'será el legislador' y no los obispos en la reforma del aborto, tal y como así le critican desde la oposición, al mismo tiempo que avisó de que 'tan dogmático es no defender los derechos de la mujer como no defender los del concebido'.

Valenciano ha preguntado al ministro qué le han hecho las mujeres que, 'además de todo lo que están sufriendo, ahora quieren quitarles también la libertad para decidir como gobernar sus vidas'. A su juicio, 'en la España de Rajoy los derechos se convierten en delitos y las mujeres que aborten sin su permiso irán a la cárcel y los profesionales que les ayuden también'.

La diputada ha asegurado que la Conferencia Episcopal reclama al Gobierno 'viejas deudas adquiridas en las cabeceras de aquellas manifestaciones' y 'por eso van a hacer una ley muy restrictiva'. Valenciano ha pedido que dejen de usar demagógicamente a las menores, ya que las chicas de 16 y 17 años que abortan no llegan al 0,5 %, y se trata de jóvenes que viven en hogares violentos o desamparadas.

Valenciano ha augurado lo que va a pasar con la ley que pretende aprobar el Gobierno: 'Lo que ha pasado toda la vida de Dios: que las mujeres de su entorno social y económico van a poder abortar en uno de los 20 de los 27 países de Europa que tienen una ley como nosotros'. Pero las otras, 'aquellas que no ven, también van a abortar pero lo van a hacer en condiciones mucho peores, jugándose la salud, la vida y la cárcel'. 'Ni los ministros ni los obispos van a decidir qué hacen las mujeres con su cuerpo', ha advertido Valenciano.

Gallardón ha subrayado que el aborto es un 'conflicto dramático entre los derechos y el proyecto vital de las mujeres y el derecho del no nacido' y ha recordado que el TC ha dicho 'hasta en tres ocasiones' que el legislador tiene la obligación de resolver ese conflicto y que hay que buscar la armonización posible y, cuando no se encuentra, establecer cuál de los dos derechos prevalece.

El ministro ha reiterado que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, al mismo tiempo que ha defendido que esta ley protegerá a las mujeres porque en el aborto 'la mujer no es la culpable sino la víctima'.

En respuesta a la socialista Carmen Montón en el Congreso, Gallardón ha justificado que su reforma responde a su programa electoral, no como en 2010 hizo el PSOE. 'Hay una diferencia sustancial entre su proyecto y el nuestro. Estamos mandatados para ellos por el pueblo español y, a diferencia de ustedes, nosotros la metimos en nuestro programa y los ciudadanos españoles nos votaron. Eso lleva a este Gobierno a volver a la doctrina del TC, no son conspiraciones inventadas, ni presiones eclesiásticas', ha defendido.

Gallardón ha añadido que el Alto Tribunal establece con 'rotundidad' en esa 'doctrina inteligente, sutil, razonablemente compleja y sosegada' que 'cuando existe un conflicto entre dos bienes jurídicos, ambos protegidos por la Constitución, el legislador no puede ser cobarde y esconder su responsabilidad y no puede, por mucho que suscite aplausos a corto plazo y dolor a largo plazo, olvidar la defensa de uno de esos bienes jurídicos'. Al mismo tiempo, ha recordado que el TC dice que el concebido no nacido es un bien jurídico protegido por la Constitución, que cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos por la misma, como es el derecho de la mujer a su desarrollo personal, el legislador tiene que resolver el problema, pero no suprimir uno de los dos bienes jurídicos. 'Es lo que ustedes hicieron y proponen al querer mantener la Ley de 2010', ha sostenido Gallardón.

Con todo ello, ha criticado que el PSOE hace un discurso 'antiguo y superado', un comentario que ha suscitado las protestas socialistas desde sus escaños y está convencido de que el 'auténtico progreso le hará hacer una autocrítica severa'.

EUROPA PRESS

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha pedido al Gobierno que 'actúe ya, sin más demora' y que no se 'criminalice' a las personas que  acuden a las puertas de las clínicas en las que se practican abortos a ofrecer ayuda a las madres. Así lo ha reclamado en un comunicado enviado tras el debate que han mantenido en el pleno de la Cámara Baja el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y la número del PSOE, Elena Valenciano, sobre este tema.

Además, Joya ha subrayado que tampoco se debe olvidar 'que la principal víctima del aborto es el niño que muere en el seno materno' aunque también la mujer. 'En efecto, la mujer que aborta es en buena medida víctima de las circunstancias en las que se le presenta un embarazo inesperado, pero no en el modo que pretenden los partidarios del aborto', explica.

En este marco, Derecho a Vivir a realizado un reportaje en el que cuenta la historia de Margarita, que podría enfrentarse a diez días de cárcel si no paga dos multas que se le han impuesto por presentarse cada lunes y martes ante las puertas de la clínica Guadiana-Los Arcos de Badajoz para hablar con las mujeres embarazadas que acudían. 'No estamos aquí para gritar consignas, sino para estar tranquilamente con la gente. El tono en el que nos tenemos que dirigir a ellas y el ambiente que queremos aquí es de mucha calma y tranquilidad porque así es como las mujeres se paran, te recogen la información y hablan contigo un ratito', asegura Margarita.

Según apunta Derecho a Vivir, la 'prueba palpable' de que el trabajo de Margarita es 'eficaz' es que en el curso de la mañana en que se realizó el reportaje, 'logró que una pareja que se dirigía a abortar no lo hiciera y recibió la visita de una chica que no abortó y a la que sigue ayudando con materiales para su hijo'.