El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón renunció el martes a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, pasando la investigación a los juzgados territoriales.

En su auto, al que tuvo acceso Reuters, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 cargos del régimen tras comprobar que todos han muerto

No obstante, el juez defiende que los delitos siguen vigentes y a sus autores no se les puede aplicar la Ley de Amnistía, que de paso recomienda que se deroge.

"No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad porque han fallecido los autores del delito que otorgarles el perdón y la impunidad por una amnistía", dijo en su auto de más de 150 páginas.

unos 30.000 en diez años - que durante el franquismo perdieron su identidad porque fueron sustraídos a sus madres y les modificaron sus apellidos para dárselos a familias afines al régimen.

"Es necesario reparar este daño que sigue siendo permanente", dijo el juez.

Garzón archiva el caso en la Audiencia Nacional y lo deja en manos de los jueces de instrucción las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.

El magistrado levantó ampollas en ciertos sectores de la sociedad al declararse competente para investigar esta causa, una decisión recurrida por la Fiscalía que ha intentado impedir que Garzón siga adelante con la investigación.

La decisión de Garzón no ha caído muy bien entre los miembros de las asociaciones de la memoria histórica, que no descartan incluso acudir a los tribunales europeos.

"No se puede decir casi nunca que es el final. Los abogados de la plataforma que planteó la demanda están ahora mismo examinando esto y estudiando a ver qué se puede hacer", dijo Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Cadena Ser.

"Si se decide que vaya a los juzgados territoriales, tendremos que ver cómo afrontarlo porque de lo que sí tenemos noticias es de que cada vez que se ha abierto una fosa en otras partes del país la Fiscalía Territorial ha contestado que estaba prescrito. Por eso habrá que agotar los tribunales españoles pero si queda así, iremos a los tribunales europeos", dijo María Antonia Oliver, presidenta de la asociación en Baleares.

Garzón, que se ha inhibido del caso un mes de después de declararse competente para investigar unos presuntos delitos de "detención ilegal" que consideró entraban en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante el periodo que va de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.

Finalmente, Garzón recomienda la Gobierno central que utilice sus investigaciones para el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, y concluye que es el Estado quien debe asumir todos los gastos de esta operación.