El juez Baltasar Garzón decidirá este mes si es competente para abrir el proceso más importante de la democracia en la reparación moral de las víctimas de la represión franquista. Esa es la conclusión de quienes ya han aportado la documentación necesaria para que la Audiencia Nacional resuelva si puede juzgar al franquismo por genocidio. El magistrado sabe que necesitará mucha documentación para cumplir ese objetivo. Por eso pidió ayer a las partes personadas en el proceso que aporten la información requerida durante los próximos 15 días.

Garzón quiere tenerlo todo atado ante un eventual recurso a sus intenciones. Por eso, anteayer metió presión a los Ayuntamientos, los Ministerios y la Iglesia para que le envíen los nombres de los fusilados y la causa de su muerte. Además, invitó ayer las ocho asociaciones de víctimas personadas a colaborar en la recuperación de testimonios, documentos y restos de fusilados exhumados que demuestren que en España, hace 70 años, hubo una persecución orquestada por razones ideológicas.

Catalunya, pionera en la elaboración de un censo de desaparecidos en 2003, puso ayer a disposición de la Audiencia Nacional su listado de 2.351 expedientes de desapariciones, de los que 1.900 aún continúan abiertos. La mayoría son de soldados del ejército republicano. El resto son de civiles de la retaguardia republicana, víctimas de bombardeos, represaliados o fusilados tras un consejo de guerra.

El Gobierno de Asturias también impulsó en 2003 un estudio que lleva identificadas más de 200 fosas en la comunidad. Su base de datos –con cerca de 20.000 fallecidos en esta autonomía durante el conflicto– se hará pública antes de que termine el año.

Por otra parte, las asociaciones de familiares de desaparecidos brindaron su apoyo a la investigación, que acogieron con “satisfacción” y “prudencia” porque las denuncias aún no han sido admitidas a trámite. Hasta ahora, han presentado ocho denuncias en la Audiencia Nacional por diferentes casos en Navarra, Baleares, Catalunya, Galicia, Andalucía y Canarias. En esta última aún hay entre 2.000 y 3.000 desaparecidos. Las delegaciones territoriales de la ARMH y su ejecutiva nacional expresaron ayer su esperanza por que la investigación se amplíe al resto de municipios “tan pronto como sea posible”.

Mientras el juez acumula documentación, los voluntarios siguen reparando la memoria de los vencidos a base de pico y pala. La orden lanzada por Garzón el pasado lunes ha supuesto un espaldarazo para las asociaciones de víctimas. “Muchos alcaldes se niegan a dar los datos del registro civil”, explicó ayer, a pie de fosa, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías.

Su colectivo abrió en La Bañeza (León) la primera fosa común tras la iniciativa de Garzón. En ella había nueve hombres asesinados en el otoño de 1936. Ayer dejaron de ser desaparecidos porque sus restos certifican su muerte. Se unen a los más de 1.200 cuerpos recuperados en menos de una década. En total, son unos 100.000 los que permanecen bajo tumbas sin flores, según los historiadores.

El equipo de Macías cuenta con amplia documentación sobre los asesinados en La Bañeza. Fueron fusilados por tratar de detener el golpe del 18 de julio. Entre ellos, una mujer: María Alonso Ruiz, de 32 años. Era la presidenta de Unión Republicana en esta localidad y murió por enfrentarse a los golpistas.

La orden emitida el lunes exige documentación a Granada, Sevilla, Córdoba y Madrid. La elección de las ciudades andaluzas es en parte anec-
dótica. En agosto se conmemoraron los aniversarios de la entrada de las tropas franquistas en estas capitales y la última documentación recabada por Garzón proviene de esos acontecimientos.

El caso de Madrid es diferente. La petición de Garzón responde a la denuncia de un familiar de un fusilado en el cementerio de La Almudena. La subcontrata que gestiona esta instalación, que alberga una fosa con más de 3.000 cuerpos, impidió a esta persona la investigación.