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Garzón deja libres a 34 de los 37 imputados hasta ahora en el caso "Gürtel"

EFE

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad a 34 de los 37 imputados, hasta ahora, en la operación "Gürtel" tras concluir hoy todos los interrogatorios que había señalado al inicio de esta investigación sobre una presunta trama de corrupción que se vincula a cargos del PP.

Hoy han declarado los siete últimos imputados, desde las 10.00 hasta las 15.00 horas, y al igual que todos los que han comparecido -a excepción de tres de ellos que están en prisión: el presunto líder de la trama Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo- han quedado en libertad, al no haber pedido las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell ninguna medida cautelar.

Entre estos últimos imputados destaca José Javier Nombela, el que fuera asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa y al que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cesó a causa de su imputación, y que a su salida de la Audiencia Nacional, tras permanecer algo más de una hora declarando, evitó ser captado por las cámaras ocultándose el rostro con un casco de moto.

También han comparecido Pau Collado Serra, ex director general del Gobierno balear con Jaume Matas (PP) y que trabaja para Easy Concept, empresa de Correa; María Victoria Romero Párraga, accionista de Special Events, también de Correa, y Luis de Miguel Pérez, fundador de Orange Market, además de abogado y asesor fiscal.

El juez ha interrogado además a Fernando Torres Manso, diseñador gráfico de Special Events, quien a la salida de su despacho lamentó que "por culpa de esto" ya no tiene "ni para comer la semana que viene" y tiene una hija a la que alimentar.

Los últimos imputados en pasar ante el juez -todos ellos acusados de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y cohecho- han sido Juan Manuel Jiménez Bravo, gerente de la empresa de materiales de construcción y jefe de obra de Puertonarcea, y Carmen, empleada del despacho de abogados R.Blanco-Guillamot.

Sólo queda por ser interrogado el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, quien ayer se negó a declarar como imputado hasta que Garzón se inhiba y se sepa qué tribunal se hará cargo de la investigación.

Precisamente ayer, la Fiscalía Anticorrupción indicó a Garzón que debe inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber aforados regionales en la causa, y no ante al Tribunal Supremo, por no apreciar indicios suficientes contra diputados, senadores o eurodiputados del PP.

Ésta fue la respuesta que le dio Anticorrupción al juez, después de que éste le pidiera opinión al respecto, al considerar que la causa debía ir al Supremo porque había encontrado indicios contra aforados nacionales o eurodiputados y estos posibles imputados absorberían al resto.

No obstante, este informe no es vinculante y el juez deberá ahora tomar una decisión sobre el tribunal o tribunales a los que, a su juicio, corresponde la investigación de esta causa, teniendo en cuenta a los aforados contra los que han aparecido indicios.

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