El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió el jueves en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia para que continúen instruyendo el caso Gürtel, al encontrar indicios de delito en cinco aforados del PP en las dos comunidades autónomas.

En el caso de Valencia, se trata del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa.

En el de Madrid, los aforados son: Alberto López Viejo, diputado en la Asamblea de Comunidad de Madrid y ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, también diputado regional; y Alfonso Bosh, antiguo gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte

Además, Garzón imputa a Ginés López, alcalde de Arganda del Rey, Tomás Martín, cargo de confianza del ex alcalde de Boadilla del Monte Gómez Panero; Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón; José Galeote, gerente del Consorcio Deportivo de la zona noroeste de Madrid; Ricardo Galeote, concejal popular en la localidad malagueña de Estepona; y Carlos Clemente, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, cesado en octubre de 2008, de los posibles delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo.

En Valencia también imputa a Rafael Betoret, actual jefe de gabinete de la consejería de Turismo, y a José Víctor Campos, que fue secretario de Organización del PP valenciano hasta las elecciones autonómicas de 2007, de los que dice que podrían ser autores de los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

Garzón afirma que existe "una entrada de procedencia desconocida" de 420.700 euros hacia el PP de Valencia; un apunte de entrega de 15.000 euros al mismo partido "procedente de la Caja B de Orange Market"; y que el pago de gastos por la organización del congreso regional de 2002 se realizó "aparentemente, con dinero de procedencia A y B, entendiendo por dinero B fuera del control fiscal y efectivo".

Además, recoge un cuadro de pagos de un informe policial según el cual Camps habría recibido 12.783 euros, Costa 7.325, Campos, 4.850 y Betoret, 9.950 euros, en todos los casos en especie, por trajes en tiendas de lujo.

"Se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos", dijo en el auto.

Queda por saber el destino de la tercera investigación. El juez, contra el que se ha querellado el PP por prevaricación, quería remitir el caso al Tribunal Supremo pero la Fiscalía no lo consideró necesario, supuestamente al no hallar indicios contra aforados a nivel nacional.

Garzón, que ha imputado a 37 personas, entre ellos al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, concluyó el jueves los interrogatorios que tenía pendientes, dejando en libertad y sin medidas cautelares a siete personas.

"RELACIÓN DIRECTA CON RESPONSABLES DEL PP"

una de las tres personas que ha enviado a prisión por este caso - como el líder de un grupo organizado de personas y empresas "cuya principal finalidad (...) como mínimo en los últimos 10 años, fue (...) la realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia".

"La organización dirigida y creada por Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional (...) y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", asegura Garzón en el auto.

Entre 1996 y 2004, Correa "desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del Partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

Para ganarse el favor de los responsables políticos les entregaba dádivas de todo tipo, dinero en efectivo, regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos, señaló el juez.

A partir de 2004, los cambios en la dirección del PP modifican la situación y hacen que se desvincule de las empresas de Correa, por lo que se traslada a Valencia con Álvaro Pérez Alonso, que había organizado eventos para el partido a nivel nacional, y su sociedad Orange Market fue la adjudicataria de varios actos del PP en la Comunidad Valenciana, afirmó.

Según Garzón, Correa obtuvo eventos, concesiones y contratos con el Partido Popular a nivel nacional y luego, en Madrid y Valencia, así como en los ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, o, también en Comunidad de Castilla León.