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Garzón mantiene en prisión a los ex dirigentes de CiU

Rechaza los argumentos humanitarios esgrimidos por Alavedra y Prenafeta

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Ni la edad ni las dolencias que dicen padecer han servido a los ex dirigentes de CiU imputados en el caso Pretoria para salir de prisión. El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la petición de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta de ser excarcelados por razones humanitarias. En los próximos días, el magistrado se pronunciará sobre su traslado a cárceles catalanas más cercanas a su domicilio, lo que depende en última instancia de las diligencias que aún queden por realizar en la Audiencia Nacional.

Tanto el que fue secretario general de Presidencia en los gobiernos de Jordi Pujol como el ex conseller de Economía Alavedra están acusados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En el auto de prisión dictado el pasado 30 de octubre se afirma que cada uno de ellos habría recibido de la trama de corrupción desarticulada al menos 637.590 euros.

Los dos ex altos cargos del nacionalismo catalán intentaron salir de prisión por dos vías. Primero, esgrimiendo razones de salud ante el juez instructor del caso y después, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante la presentación de un recurso de apelación contra el auto de prisión. La Sala aún no los ha resuelto.

El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, se opuso a la puesta en libertad de los dos imputados por varias razones. La principal es que existía la posibilidad de que trataran de influir en los testigos y en los demás imputados mediante los contactos que les permitieron presuntamente cometer los delitos que se les imputan.

Ambos 'utilizan sus contactos en organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales'

Según el auto de prisión, ambos 'utilizan sus contactos en organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales' de, entre otros, el también imputado Lluís Casamitjana, quien les pagaba las comisiones correspondientes por sus gestiones a través de la firma Espais. El dinero así obtenido era luego blanqueado para evitar que se descubriera su procedencia.

En cuanto a su avanzada edad ambos septuagenarios y a las dolencias esgrimidas, que Prenafeta definía como crisis de ansiedad y problemas de corazón, la Fiscalía señala que eran las mismas que sufrían antes de que se decretara prisión.

Anticorrupción sigue trabajando en el informe que el juez solicitó sobre nuevos imputados, entre los que figuraría Genís Carbó, que fue jefe de Planificación de la Generalitat entre 1996 y 2004. El fiscal aún estudia documentación al respecto.

El grupo municipal SOS Llavaneres presentará hoy ante el fiscal una nueva denuncia contra el ex alcalde de la localidad, el popular Víctor Ros, por favorecer a unos primos en una recalificación. Ros, que aún es concejal por el PP, permanece como imputado en otras dos causas que se siguen en Mataró (Barcelona) por supuestas irregularidades urbanísticas durante su mandato, que también se investigan en la operación Pretoria.