La Fiscalía de la Audiencia Nacional podría recomendar esta semana al juez Baltasar Garzón que siga con una investigación a seis ex responsables de la administración Bush por supuestas torturas a prisioneros en la Bahía de Guantánamo, dijeron fuentes judiciales.

La investigación, que incluye también al ex fiscal general Alberto González, probablemente se centraría en si violaron las leyes internacionales al dar justificación legal a la tortura.

Garzón, que alcanzó la notoriedad internacional cuando emitió una orden internacional de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, ha reabierto este caso que tenía apartado desde el año pasado y lo ha enviado al fiscal para su revisión, que determinará si la Audiencia Nacional tiene jurisdicción sobre él.

Aunque no hay fijada una fecha para la decisión, podría comunicarse antes del próximo viernes, agregaron las fuentes.

"Consideramos que la Audiencia no es que pueda admitir la querella, es que debe admitirla", dijo Gonzalo Boyé, uno de los abogados que presentó la querella, en declaraciones a Reuters.

La querella, a la cual Reuters tuvo acceso, fue emitida por la Asociación por la Dignidad de los Presos y preparada por abogados españoles con la ayuda de expertos legales europeos y estadounidenses.

España podría investigar estos hechos porque cinco ciudadanos españoles que estuvieron detenidos en la Bahía de Guantánamo dijeron que habían sufrido torturas.

La querella también nombra a John Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia que escribió opiniones legales secretas en las que afirmaba que el presidente tenía autoridad para franquear la Convención de Ginebra, y a Douglas Feith, el que fuera subsecretario de Defensa para Asuntos Legales en el Departamento de Defensa.

Los otros querellados estadounidenses son William J. Haynes, ex consejero general de la Oficina del secretario de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general, y David Addington, consejero general del vicepresidente Dick Cheney en la Casa Blanca.

Boyé aseguró que los seis estadounidenses tuvieron un papel que está documentado en la aprobación de técnicas de interrogatorio ilegales, redefinición de la tortura y abandono de la definición establecida en 1984 por la Convención contra la Tortura.

El campo de detención en la Bahía de Guantánamo se creó para detener a los prisioneros capturados después de que las fuerzas lideradas por EEUU invadieran Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.