Corren aguas turbulentas en la Bahía de Algeciras y no como consecuencia del viento que roló de poniente a levante durante el último fin de semana, sino por los sucesivos vertidos que vienen produciéndose. A lo largo de los últimos días, esas manchas añaden nuevos matices a la tensión diplomática por la disputa de supuestas aguas jurisdiccionales en la zona. Ni los vertidos ni las diferencias soberanas son nuevos, pero alimentan la disputa retórica entre las autoridades de un lado y otro de la Verja, en vísperas de la visita de Juan Carlos I a la zona, prevista para este miércoles.

'El alcalde de Algeciras y diputado el PP, José Ignacio Landaluce, minimiza los vertidos de España y maximiza los de Gibraltar. Pero el Gobierno gibraltareño suele hacer justo lo contrario'. Así opina Antonio Muñoz, portavoz del grupo ecologista Verdemar que lleva treinta años al frente de una organización local que forma parte de Ecologistas en Acción y que radica en la localidad campogibraltareña de San Roque (Cádiz). Ni Muñoz ni Verdemar se mordieron nunca la lengua al denunciar atentados contra el medio ambiente, vinieran de donde viniesen, ni de la gran industria, ni de los ayuntamientos, ni del Peñón ni de los barcos que cruzan el Estrecho o la Bahía de Algeciras y limpian fondos o sueltan lastre en la región.

La pasada semana, Muñoz anduvo de un lado para otro, comprobando manchas de fuel viejo desde la escollera de Poniente de La Línea, muy cerca de la ensenada, al litoral de San Roque o la playa de El Rinconcillo donde también se llegó a percibir un leve rastro de espuma de hidrocarburos sobre la arena.

Ni Muñoz ni Verdemar se mordieron nunca la lengua al denunciar atentados contra el medio ambiente

A su juicio, en esa ocasión, se trataría del combustible vertido al mar por parte del Segulus, un buque-tanque de las islas Cook que, quizá por un error en el manejo de las válvulas y del control de tanques, largó combustible viejo al fondeadero Delta del puerto de Algeciras donde se encontraba situado. '200 por 100 metros de extensión de brillo metálico', apreciaron los agentes de Salvamento Marítimo que se personaron en el lugar. Al menos, las autoridades lograron evitar que largase amarras y se hiciera a alta mar, obligando a sus armadores a depositar una fianza de 200.000 euros por posibles responsabilidades civiles y otros 50.000 euros para afrontar los gastos que se deriven de las operaciones de control y limpieza del vertido.

Poco antes, en Gibraltar, se había producido un vertido similar, tras el accidente sufrido a bordo de un buque tanque de 28.000 toneladas, con base en Tokio y que era aprovisionado por el Aegean Princess, una de las gasolineras flotantes que operan en el Peñón en un negocio controvertido que completa otra firma llamada Vernaoil. Para las compañías que acceden a sus surtidores marítimos, el ahorro puede oscilar entre 180 y 1000 euros por tonelada de combustible, ya que no sólo se benefician de menores impuestos sino de las tasas cero del puerto gibraltareño, al que el de Algeciras suele acusar de competencia desleal.

Lo curioso del caso es que una de las empresas que operan con dichas gasolineras flotantes es la española Dúcar S.L., con base en Ceuta y de la que hasta el pasado mes de febrero fue presidente y consejero delegado el actual ministro español de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En esa fecha, Miguel Arias dimitió de dichos cargos por incompatibilidad, aunque es absolutamente legal que siga manteniendo sus acciones en dicha firma y en Petrologis Canarias S.L., por un valor aproximado a 326.000 euros, salvo oscilaciones del mercado: 'Si se queja de la usurpación de aguas jurisdiccionales por parte de Gibraltar, también podría decirle a la empresa de la que ha sido presidente, que deje de hacer negocios con esas gasolineras flotantes', protesta el ecologista Muñoz con cierta sorna.

'Decenas de gasolineras flotantes que almacenan hasta 300.000 toneladas de combustible fondean todos los días, al este y entre el North Mole y la bocana de Gibraltar, en aguas de nadie', describe el portavoz ecologista.

La explosión que afectó el viernes al buque radicado en Gibraltar arrojó humo pero no se registraron desgracias personales

De diez a quince superpetroleros 'más grades que el Prestige' según su descripción, fondean en la Bahía de Algeciras cotidianamente, pero por el Estrecho pasan al menos noventa cada día. La situación estratégica de dicho enclave facilita que cada año se trasvasen 7 millones de toneladas de fuel en operaciones de bunkering, esto es, mediante el trasvase de hidrocarburos de un barco a otro en alta mar, tanto en aguas controladas por España como por Gibraltar, que opera en un área comprendida en torno a las tres millas al sur y al este del Peñón y una milla y media hacia el interior de la Bahía. Un negocio al alza: según datos de los ecologistas, en 1990 trasvasaron 0,8 millones de toneladas pero en el 2011 se vendieron más de 5 millones. Los vertidos, eso sí, se cuentan por miles.

A un lado y otro de esta dudosa frontera marina, operan cuatro compañías de bunkering: Vemaoil, que controla el 38,55 por ciento del total de esos trasvases, la gasolinera flotante Vemabaltic, Cepsa Ltd, registrada en Gibraltar por la compañía homónima española y que controla el 30,83% de dicho trasiego, así como Aegean Bunkering Ltd., una empresa gibraltareña con el 27,14 por ciento del resto del negocio. A ello hay que sumar a las gasolineras flotantes Aeolos y Jacques Jacob, con porcentajes de venta mucho menores, a lo que se suma el trasiego real pero también peligroso de las gabarras de la refinería Cepsa, ubicada en San Roque, en el litoral español.

La explosión que afectó el viernes al buque radicado en Gibraltar arrojó humo pero no se registraron desgracias personales. El vertido que siguió a dicho suceso se produjo en aguas próximo a la playa de Rosia Bay, se encuentra situado en la zona de poniente del Peñón, muy cerca del puerto y del caladero donde faenaban tradicionalmente los pescadores españoles cuyo trabajo sigue en suspenso al cuestionar el Gobierno gibraltareño el uso de redes que podrían perjudicar al ecosistema de la zona, amparado por la directiva Habitats de la Unión Europea según la directiva 92/43/EEC que ahora es utilizada por Fabian Picardo, ministro principal de la Roca, para hacer valer nuevamente el reconocimiento comunitario de la existencia de aguas jurisdiccionales de Gibraltar.

'No entiendo muy bien porque hay pesca en aguas de Gibraltar y no hay en aguas españolas'

Leoncio Fernández, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea, la más afectada por este conflicto, no tardó en hacer público su enojo: 'A nosotros nos hablan de Medio Ambiente para prohibirnos usar redes y ellos permiten que pasen estas cosas', asegura el veterano pescador, en espera de que los técnicos de la Unión Europea dictaminen si las artes que usan se ajustan o no a la legislación internacional. Sin embargo, aunque el PSOE ha elevado una propuesta al Parlamento de Andalucía, tampoco parece claro quién habrá de pagarles por la interrupción de la actividad pesquera de la que se nutren más de sesenta embarcaciones de La Línea y de Algeciras.

'La pesca se debe regular adecuadamente, aunque yo no entiendo muy bien porque hay pesca en aguas de Gibraltar y no hay en aguas españolas, en la misma Bahía -subraya Muñoz-. En cualquier caso, sorprende que el Gobierno del Peñón ponga tanto celo en las redes que se usan y no diga nada de los eslabones de las anclas de los barcos fondeados, que también tienen que afectar al mismo hábitat, digo yo'.

Ante uno y otro vertido, tanto el Gobierno de Gibraltar como el Ayuntamiento de Algeciras volvieron a repetir la ceremonia de los reproches mutuos, una vez que una y otra institución rechazaran las respectivas propuestas de ayuda que se cruzaron. Al enemigo, ni aguas jurisdiccionales. Tanto al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, del Gibraltar Socialist Labour Party, como al alcalde de Algeciras, el conservador José Ignacio Landaluce, parece importarles más las rencillas diplomáticas sobre este asunto que resolver un evidente problema de contaminación marina. Y de una hostilidad creciente que puede convertir en epopeya presuntamente patriótica un simple conflicto vecinal.

El afable Miguel Arias Cañete, a la sazón ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, no se ha pronunciado hasta ahora sobre las insinuaciones de los ecologistas en torno a su vinculación con las petroleras, pero si ha dejado claro hace unas horas, en declaraciones a Efe, que la decisión de Juan Carlos I de viajar hasta Algeciras el próximo miércoles, no ha partido del Gobierno de la nación sino de la Casa Real. Aunque, eso sí, el ejecutivo respeta dicho viaje y lo considera 'razonable', a fin de prestar apoyo a los guardias civiles que luchan en la zona contra el narcotráfico, la inmigración clandestina y prestan apoyo a estos pescadores. Así las cosas, el monarca visitará ese día las instalaciones de la Guardia Civil en Algeciras y su buque 'Río Segura', aunque se desconoce aún si ampliará su agenda y acudirá a La Línea, cuya alcaldesa socialista, Gemma Araujo, hizo ver que podría existir discriminación partidista en su hoja de ruta, ya que la mayor parte de los pesqueros afectados radican en su término municipal y en Algeciras, cuya Corporación gobierna el PP, apenas faena allí media docena de embarcaciones.

'La Guardia Civil no es una fuerza paramilitar. Es un cuerpo policial español, sometido a las leyes españolas e internacionales. Ni está compuesta por mercenarios ni se comportan sus miembros como paramilitares. Los guardias civiles, a este respecto, ya no tienen que demostrar nada',  puede leerse en un comunicado con que la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha replicado a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar. Picardo, durante su comparecencia del viernes ante el Comité de los 24 de la ONU, calificó a la Guardia Civil como fuerza paramilitar. Por el contrario dicha asociación considera que el servicio marítimo de dicho Instuto Armado 'tan solo protege a pescadores españoles cuando están faenando en aguas españolas, como es el caso, mientras que el Gobierno español no diga cosa distinta. Y para hacerlo se ve obligada a enfrentarse, exclusivamente con material policial a la Marina de Guerra Inglesa, dotada de medios militares', han explicado. En su réplica, eso sí, reprochan que la Royal Navy que se 'arroje' contra las patrulleras policiales con 'maneras chulescas', en lo que califican como 'su antigua trayectoria de corsarios'.