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El Estado gasta 94 millones al año en profesores de religión

El Gobierno evita aclarar al PSOE cuánto se ahorra la Iglesia al no pagar impuestos como el IRPF, el IBI o el de donaciones y sucesiones. En 2011 Hacienda perdonó 4 millones de IVA a la organización que construye la Sagrada Fa

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El gasto que genera la Iglesia católica a las arcas públicas siempre ha sido motivo de elucubraciones y de cálculos constantes por parte de las organizaciones políticas y sociales que exigen la efectiva separación entre religión y Estado. Una de esas agrupaciones, las Juventudes Socialistas (JSE), trataba la pasada semana de hacer una última aproximación al dinero que se lleva la mencionada confesión religiosa, y daban una cifra: 6.598 millones de euros.

Meses antes, el PSOE había querido zanjar este asunto exigiendo al Gobierno las cuentas claras, y eso que los propios socialistas tuvieron acceso a esas cifras durante los ocho años que estuvieron en el poder, hasta diciembre de 2011. El 8 de enero, el diputado socialista Juan Moscoso presentó una batería de preguntas al Ejecutivo con el objetivo de conocer  exactamente cuánto cuestan en este momento al erario público los privilegios de la Iglesia entre IRPF, dispensas fiscales, financiación a centros educativos católicos, subvenciones a centros sanitarios, mantenimiento del patrimonio artístico o asunción de gastos diversos.

El pasado 27 de marzo, cuando ya se había superado con creces el plazo límite de respuesta, el Gobierno remitió por fin al parlamentario sus conclusiones. Pero lejos de arrojar algo de luz a la oscura realidad fiscal de la Iglesia, el equipo que preside Mariano Rajoy ha optado por mantener esa opacidad. Porque en sus textos, a los que ha tenido acceso este diario (ver PDF), el Ejecutivo se niega a especificar cuánto se está ahorrando la Iglesia católica al quedar exenta de los impuestos mencionados.

Lo único que especifica en materia fiscal es que a pesar de la orden de 2007 que puso fin a las exenciones respecto al IVA de las que hasta entonces gozaba la Iglesia, en 2011 se siguieron manteniendo esos privilegios. En concreto, el Gobierno explica que Hacienda perdonó el pago de más de cuatro millones de euros en concepto de ese impuesto al consumo a la Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia, que gastó más de 23 millones de euros. El Ejecutivo se escuda en que la recaudación del resto de gravámenes -IBI, o donaciones y sucesiones- 'no corresponde al ámbito central, sino al autonómico o municipal'. 

Más concisa es la respuesta del Gobierno sobre el coste de los profesores de religión y miembros de la Iglesia católica que imparten su doctrina en la enseñanza pública. En el texto, recuerda que la administración general del Estado sólo paga los docentes de esa materia del nivel de educación infantil y primaria de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, así como los de Ceuta y Melilla y los colegios del exterior. En ese ámbito territorial son 2.953 los profesores que cobran de las arcas públicas, que en 2012 se gastaron en ellos más de 94 millones de euros. 

El Ejecutivo también concreta el número de efectivos de la Iglesia católica que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas y que perciben, por tanto, dinero público. Se trata de 74 capellanes castrenses, dos vicarios episcopales y un arzobispo castrense, cuyo coste ascendió a 471.823 euros el año pasado. Asimismo, el equipo de Rajoy especifica que para este año, el presupuesto destinado a la atención del culto en centros penitenciarios es de 309.500 euros.

Fuentes parlamentarias del PSOE consultadas por Público han querido denunciar 'la absoluta falta de transparencia' del Gobierno que 'se niega a decir a los ciudadanos que también pagan de sus impuestos la financiación pública de la Iglesia católica como las transferencias relativas a sanidad o educación, cuánto se está ahorrando la Iglesia católica al quedar exenta de impuestos'. El propio Moscoso ha asegurado esta mañana en la cadena Ser que 'es chocante' que el Gobierno'no explique cuánto nos cuesta a los españoles el culto católico' en un momento en el que el PP está 'privatizando servicios públicos y recortando en sanidad y en educación'.