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La generación del salario mínimo

Mientras los empresarios insisten en crear un 'contrato basura' para los menores de 30 años, expertos coinciden en que ahondaría en la precariedad y mermaría el acceso de los jóvenes a los mecanismos de protecci&oacu

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La receta no es nueva, pero vuelve a poner de manifiesto la única ecuación en la que confía la patronal para paliar el drama del desempleo juvenil en España: a más precariedad y temporalidad en el trabajo, menos paro. El presidente de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Jesús Terciado, dijo la pasada semana –sin dar muchos detalles– que la patronal estaba estudiando de nuevo un contrato especial para jóvenes menores de 30 años que tuviera como referencia el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, el tope mínimo que se puede pagar a un trabajador por una jornada a tiempo completo y que ahora se sitúa en 645,3 euros.

El anuncio acaparó pronto las críticas de los sindicatos, que la tacharon de discriminatoria porque supondría excluir a los jóvenes de la negociación colectiva. También reaccionó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Joaquín Nieto, director de la oficina española de esta institución, lo rechazó y aseguró que la solución pasa por establecer empleos sin ningún tipo de 'discriminación' y con condiciones mínimas de 'salud y seguridad'. Pero, ¿qué piensan los hipotéticos perjudicados de una medida que los empresarios llevan tiempo rumiando?

La OIT rechaza el 'contrato basura' y apuesta por la no 'discriminación'

Julio Couselo, de 28 años, sabe lo que es mirar su cuenta bancaria a final de mes y ver una retribución similar a los 645 euros que marca el salario mínimo. Periodista, colabora con dos medios y tiene ingresos variables. Es uno de esos jóvenes que tiene que transigir con una fórmula de precariedad cada vez más extendida, la de los falsos autónomos. Lleva años trabajando para las mismas empresas, pero nunca le han hecho un contrato. De hecho, en una ellas, una agencia de noticias, le pagan a 6,5 euros la crónica. Sólo en los 'meses buenos', y juntando de aquí y de allá, logra hacerse con unos 800 euros, aunque a esa cantidad tiene que restarle los 180 euros que le cuesta pagar su cotización a la seguridad social. Al llevar ya un año y medio de autónomo, a partir del próximo mes esa cifra ascenderá a 250 euros. 'Compartía piso, pero tuve que volver a casa de mis padres a pesar de que vivo en Pontevedra y los gastos en una ciudad pequeña siempre son menores. Estoy cansado de vivir al día, siempre en precario', señala. Por eso piensa en hacer las maletas y marcharse de España. Como tantos desde que comenzó la crisis

'Compartía piso, pero tuve que volver a casa de mis padres', dice Julio, de 28 años

Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla–La Mancha, señala que ejemplos de precariedad [como el de Julio] ya existen en el mercado de trabajo actual. A su juicio, esta pretensión de la patronal pone de manifiesto que el ímpetu de reforma de los derechos laborales es 'insaciable'. 'Aprovechan la situación de desesperación de una generación entera para llevar al extremo las condiciones de trabajo', lamenta. Por otro lado, este docente remarca que el contrato basura que pretende la patronal estaría fuera de la negociación colectiva y colisionaría con la Constitución al hacer de la edad un criterio de diferencia salarial. 

Aunque la patronal pretenda ir más allá, lo cierto es que ya existen fórmulas muy flexibles para la contratación de jóvenes, si bien éstas no han logrado menguar la alta tasa de desempleo juvenil en España, que es del 52,3% según la EPA del tercer trimestre de 2012. Se trata del contrato indefinido para emprendedores con despido libre en el primer año o los contratos de formación con remuneraciones que suelen estar entre el 60 y el 80% del salario base según convenio.

Varias estudiantes en los alrededores de la Universidad Autónoma de Madrid (Efe).

Fernando Rocha, investigador de la Fundación 1º de Mayo, ligada a CCOO, también cuestiona el encaje legal de esta medida. 'El objetivo es poner a todo un colectivo fuera del paraguas de protección de los convenios colectivos', asegura. Asimismo, Rocha indica que la implantación de este contrato basura supondría que, en la práctica, se utilizara a los jóvenes como pelotón de reserva y elemento de presión para el resto de trabajadores por sus bajos salarios. Además, considera que sería dar una vuelta de tuerca a la precariedad y tendría impacto en las condiciones de vida del colectivo, pues la merma de ingresos de los jóvenes pondría en peligro su acceso a los mecanismos de protección social. '¿Qué clase de cotizaciones tendrían?', se pregunta.

Este es precisamente un asunto que preocupa a Marta de la Fuente, de 31 años. Licenciada en Ciencias Ambientales, da clase de biología y geología en un instituto público madrileño. Ha aprobado las oposiciones hasta en tres ocasiones, aunque siempre sin plaza. Como consecuencia de los recortes ha visto cómo menguaba su jornada y su nómina y, por tanto, su cotización. Nunca imaginó que, a su edad, todavía estaría compartiendo piso. Pero no le queda otro remedio. En Madrid, donde reside aunque es de Logroño, el 80% de su sueldo –que ronda los 800 euros e incluso menos tras los últimos tijeretazos– se le va en pagar el alquiler y el transporte. '¿Qué qué me parece que quieran que los jóvenes ganemos 645 euros? Es una vergüenza, aunque menos es nada', dice con resignación. 

'Casi nunca llego a final de mes, me preocupa, pero no veo solución', asegura MauriciMaurici Pérez, de 30 años, lleva seis ejerciendo de camillero en el Hospital del Mar de Barcelona. Tras trabajar en la hostelería durante años, le salió la oportunidad de cambiar de sector y no se lo pensó. 'Entonces parecía una buena idea, ahora cada vez trabajo más, cobro menos y los precios no paran de subir. Mi sueldo es de unos 800 euros. Casi nunca llego a final de mes y por eso me estoy planteando volver a casa de mis padres. Hace diez años no imaginaba verme así a estas alturas. Y me preocupa, pero no veo la solución', asegura. 

Desde la Oficina Precaria, un espacio puesto en marcha por personas vinculadas al Movimiento 15-M para asesorar a jóvenes que sufren 'prácticas abusivas' en sus empleos, Ignacio Martín, abogado, ha visto muy de cerca las consecuencias de la precariedad laboral. 'Atendemos cuestiones de impagos o despidos y asesoramos a quiénes tienen contratos fraudulentos o becas que se prorrogan infinitamente', afirma. De su experiencia constata que la extrema flexibilidad no contribuye a rebajar las desorbitadas cifras de paro entre los jóvenes. 'Es mentira que así se cree más empleo', asevera. Y hace una advertencia: 'No estamos sólo ante un ataque contra el sistema salarial. Es una agresión contra los derechos y las políticas sociales de apoyo'.