La publicación de un anuncio del PP, a página entera, el domingo en el periódico La Vanguardia usando la imagen de dos menores esposados para criticar el proyecto de ley catalana de educación que, con el apoyo de CiU, PSC y ERC, tramita el Parlament levantó ayer una polvareda política en Catalunya. Tanto por lo que se afirmaba en él como por su formato. La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, competente en políticas de infancia y adolescencia, anunció medidas legales contra los conservadores, que se negaron a dar marcha atrás.

La responsable de las políticas sociales del Govern exigió la retirada inmediata del anuncio en cuestión y consideró que la imagen de los dos menores esposados (un niño y una adolescente) que aparecían en el periódico es “degradante, gratuita e innecesaria”. Por eso lo pusieron en manos de la Fiscalía de Menores, que ya anunció que lo estudiará.

Capdevila sostuvo que, tal y como está planteado, el anuncio vulnera los derechos “más elementales” de los menores y atenta contra el Estatut, la Constitución y la ley catalana de la infancia.

El vicepresidente catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira, también de ERC, apuntaló a Capdevila asegurando que el tripartito está “enormemente” preocupado por el uso que los conservadores hacen de la infancia con fines políticos.

El conseller de Educación, Ernest Maragall, aseguró que el anuncio es “un ejemplo de abuso de la libertad de expresión y de manipulación política interesada”.

La presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, defendió el uso de los menores en anuncios de este tipo y lo situó “en la legalidad”. Según ella, el anuncio no hace más que “hacer reflexionar sobre la libertad y la educación” y hacer ver que esta no será “una buena ley para los catalanes” tal y como pretende el Govern, que la promueve sin apoyo de uno de sus integrantes, ICV.

En su día el PP denunció un anuncio de las selecciones deportivas catalanas que, usando niños, acusaba a las federaciones españolas de no permitir competir a Catalunya. Según Sánchez Camacho, nada que ver “porque allí había un mensaje político”.

El proyecto de ley ha sido duramente criticado por el PP y la derecha mediática por “arrinconar” el castellano en las aulas al fijar –de acuerdo con el Estatut– como vehicular la lengua catalana y abrir la puerta a no impartir la tercera hora semanal de castellano que pretende el gobierno central. Acabará con mucha seguridad en el Tribunal Constitucional cuando la Cámara catalana lo ratifique. Así lo ha anunciado el PP y estudiará hacerlo el Gobierno del PSOE pese a que sigue defendiendo el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela. De momento el PP ha pedido dictamen al Consell Consultiu (el Consejo de Estado catalán) sobre el proyecto.