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La Generalitat elude responsabilidades en Spanair

El Govern catalán pedirá al Ministerio de Fomento que reconsidere la millonaria sanción a la aerolínea

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La dirección de Spanair informará este mediodía al comité de empresa del nuevo horizonte que se abre después del cese de actividades acordado el pasado viernes. Y el Govern catalán comparecerá en el Parlament esta o la próxima semana para dar una explicación 'profunda' de su actuación durante los últimos meses de intentar encontrar un accionista a la aerolínea. 'El Govern se siente responsable de todo lo que ocurre en este país', señaló el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Pero se ha negado abrir una investigación para analizar lo sucedido.

En todo caso, no hay sentimiento de culpa por cómo se han desencadenado los hechos en el Ejecutivo de Artur Mas. Considera que tomó un caso que había iniciado el Tripartito y que han hecho todo lo posible para salvar la compañía, asumiendo el rol de negociador para que Qatar Air-ways se sumara al capital. La cuestión, no obstante, es cómo afectará el colapso de la aerolínea al erario público. La Generalitat controla de forma directa un 26,7% de las acciones y otro 4,5% de forma indirecta, a través de Fira de Barcelona. Además, ofreció una línea de crédito de casi diez millones de euros canalizados a través del Institut Català de Finances que queda en el aire.

Dirección y comité inician hoy su ronda de contactos sobre los despidos

Esa implicación es la que provoca el recelo en el seno de la plantilla, que la culpabiliza de su negro panorama laboral y de los últimos pagos de nóminas correspondientes a Spanair, que ya confían al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero con el temor de que los pagos se dilaten medio año.

Los 2.075 empleados de Spanair no desechan la opción de las movilizaciones, pero de momento esperan a contar con más información sobre el proceso. Los que no esperan son los trabajadores de Newco. Ayer, unos 50 empleados mostraron su malestar en el aeropuerto de El Prat. Lo hicieron sentados en el suelo y con la boca tapada con cinta aislante durante unos minutos. Uno de ellos, Manu Sancho, reclamaba como principal prioridad 'la salvación de los puestos de trabajo directos e indirectos' y pedía ayuda y complicidad con los empleados a las compañías que están incrementando vuelos tras el vacío de Spanair. 'Lo único que queremos es que nos recoloquen o subroguen para no quedarnos en el paro', apuntaba Laura Fernández.

La Generalitat descarta investigar si se ha procedido mal en la compañía

Newco ha presentado un ERE que afecta a la plantilla repartida por todos los aeropuertos españoles donde operaba Spanair, lo que supondrá el despido de entre 800 y 900 personas. Los únicos que han conseguido quedar al margen son los 650 trabajadores de El Prat, donde la empresa también presta servicio a otras aerolíneas.

Los sindicatos habían planteado inicialmente una concentración de mayores dimensiones, pero a primera hora de la mañana la desconvocaron para demostrar a la dirección de la empresa su predisposición a negociar. Según el delegado de CGT en el comité de empresa, Jordi Pérez, 'la empresa es viable económicamente en El Prat y tenemos una licencia muy valiosa que aún no caduca'. Una de las vías para evitar despidos pasa por conseguir que el servicio de handling de Newco sea contratado por más aerolíneas.

La esperanza de todos los trabajadores implicados, tanto de Spanair como de Newco, es poder ser reclutado por alguna de las compañías que ampliará su oferta aprovechando el hueco dejado por la aerolínea catalana.

Los números de la compañía no dejan margen al optimismo para asumir las indemnizaciones laborales. El activo es sólo de 122 millones de euros y el pasivo de 474 millones, una cifra que podría elevarse todavía más en función del reintegro de los billetes cancelados y de las sanciones que prevé el Ministerio de Fomento.

Respecto a estas, y una vez que la suerte del grupo está echada, el ejecutivo catalán pidió ayer clemencia. Uno de sus altos cargos reclamó que se 'reconsideren' los expedientes informativos abiertos y que amenazan con hasta nueve millones de multas. En todo caso, puede suceder la empresa eluda el pago de esas sanciones una vez que se acabe el proceso del concurso de acreedores.