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La Generalitat se plantea eliminar una paga extra a funcionarios

El gobierno catalán quiere lograr un ahorro equivalente al del año pasado, de 729 millones de euros, con una batería de medidas que incluye esta rebaja de sueldo

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La Generalitat ha comunicado hoy a los sindicatos de la Función Pública que su intención es volver a eliminar este año a los funcionarios el equivalente a una paga extra (un 7% de su salario anual, aproximadamente), tal como sucedió en 2012. El gobierno catalán quiere lograr como mínimo este año un ahorro en el capítulo de personal equivalente al del año pasado, cuando se ahorró unos 729 millones de euros con una batería de medidas que incluían esa rebaja de sueldo, la no cobertura de jubilaciones y bajas, o bien la restricción al máximo de la contratación de interinos.

La secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Meritxell Masó, ha asegurado que la eliminación del equivalente a una paga extra en 2013 'es una posibilidad' que se plantea el gobierno catalán, y que podría aplicarse, 'si fuera el caso, a partir de media paga de la extra de junio y media de la de diciembre'. No obstante, ha insistido en que todavía no hay 'nada concretado', y de hecho la Generalitat ha convocado a los sindicatos el miércoles a las 10.00 horas para escuchar qué alternativas proponen.

En cualquier caso, la secretaria de Función Pública ha admitido que la eliminación del equivalente a una paga extra en 2013 en el sector público de la administración catalana (un colectivo formado por unas 208.000 personas) 'no es suficiente' para lograr el ahorro que esperan. De esta forma, la Generalitat puede convertirse de nuevo en la primera comunidad autónoma en aplicar un recorte salarial a los funcionarios en 2013.

Los sindicatos de la Función Pública, por su parte, han mostrado su malestar, en primer lugar, por las intenciones del gobierno, pero también porque no haya dado hoy detalles de toda la batería de recortes que pretende aplicar en 2013, por lo que han tildado el encuentro de 'reunión fallida'. A falta de conocer las cifras del ajuste que maneja el gobierno, tanto el responsable del sector público de UGT de Catalunya, Xavier Casas, como su homólogo de CCOO, Xesús González, han advertido ya de que habrá movilizaciones, porque los funcionarios catalanes son los 'más castigados' de todo el Estado. De hecho, unos 150 funcionarios catalanes, la mayoría de ellos agentes de los Mossos d'Esquadra, han cortado la Via Laietana durante las dos horas que ha durado la reunión, y han expresado su indignación por los recortes haciendo sonar bocinas y tirando petardos.

Masó ha asegurado que en 2013 se jubilan 'unas 1.000 personas' en la administración catalana, por lo que el gobierno cuenta ya como mínimo con ese ahorro, pero ha evitado dar más cifras sobre sus planes. La plantilla de la Generalitat se redujo en 4.428 personas el año pasado, un 'adelgazamiento' debido, básicamente, a que no se cubrieron jubilaciones forzosas o voluntarias de funcionarios, se amortizaron plazas o bien se recortó sustancialmente el número de interinos.

Según datos de la propia administración catalana, al acabar 2011 trabajaban en los departamentos de la Generalitat y los organismos que dependen de ella, sin contar las empresas públicas ni sus fundaciones, un total de 165.231 personas, mientras que al cierre de 2012 constaban un total de 160.803. 'El Govern trabaja por preservar todos los puestos de trabajo. No hay intención de hacer despidos masivos', ha afirmado Masó, que ha asegurado que la Generalitat está 'habilitada', en período de prórroga presupuestaria, para aplicar recortes en el sueldo de los funcionarios antes de aprobar sus presupuestos para 2013.

En cambio, los sindicatos se han quejado de que la Generalitat se plantee tramitar estos recortes antes de aprobar las cuentas para 2013. Por otra parte, durante la reunión, el gobierno se ha comprometido a que no se descuente sueldo a aquellos funcionarios que estén de baja por hospitalización o intervención quirúrgica, y a que el grupo de expertos que trabajará en la reforma de la administración catalana tenga listas sus conclusiones en un período de tres meses.