Cada vez parece más claro que la salida de la crisis no pasa exclusivamente por reducir el gasto público y por las llamadas políticas de austeridad, sino también por aumentar los ingresos y la recaudación del Estado a través de los impuestos. El Gobierno del PP prepara una reforma fiscal para 2014 —será una de sus medidas estrella— que promete elevar la recaudación y dar la vuelta al sistema fiscal como un calcetín.

Está por ver que eso sea así. El Gobierno creó el pasado 5 de julio una comisión de expertos para que emita una serie de recomendaciones. Ante un asunto de tanta importancia, el Consejo General de Economistas a través de su órgano especializado, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha aportado su propio informe en el que detalla 75 medidas —'o apuntes', según dijo uno de sus responsables— para orientar la reforma fiscal que se prepara. 

La conclusión de los economistas y del REAF en boca de su presidente Valentín Pich es, de entrada, llamativa: 'Globalmente los impuestos no se pueden bajar'. ¿Por qué? Pich lo explica de forma sencilla: 'Estamos por debajo de Europa en cuanto a presión fiscal —en 2013, la presión fiscal es del 33% del PIB— y nuestra deuda pública está ya en el 100% del PIB. La recaudación no puede bajar. Podemos poner orden en el sistema tributario, hacer que sea más previsible, más transparente y menos complejo; pero en lo de bajar impuestos, una cosa es lo posible y otra lo deseable'.

Los asesores consideran que la reforma debe ser profunda y de todo el sistema tributario en su conjunto, si bien admiten que se haga de forma gradual por las restricciones existentes. 'Debemos cumplir los objetivos de déficit y por eso no debemos perder recaudación, así que la reforma debería ser gradual', explica Luis del Amo, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo.

 'Debemos cumplir los objetivos de déficit y por eso no debemos perder recaudación, así que la reforma debería ser gradual'

Entre sus propuestas, los asesores piden, además, que se imponga la simplificación de las normas tributarias y que se garantice su estabilidad. Proponen, en suma, un sistema 'flexible, transparente y que no condicione el comportamiento de los agentes económicos'. Los ponentes del informe desgranaron su análisis por impuestos: del IRPF aseguraron que se puede modular su progresividad; en cuanto al Impuesto de Sociedades también abogaron por rebajar su tipo general y suprimir la mayoría de las deducciones y bonificaciones, salvo las relacionadas con la inversión de beneficios y con las actividades de I+D+i.

Lo que en realidad pedían los asesores —haciendo referencia a estos dos impuestos— es una cosa muy simple: 'Que los tipos nominales no sean tan exagerados y se acerquen a los reales'.

Dentro del IVA también pidieron que se estudie la eliminación de algunas exenciones y de operaciones a tipo reducido.

Otro punto que toda buena reforma fiscal debería cotemplar, según el REAF, es la armonización de impuestos y tasas, especialmente en el ámbito local y autonómico. En cuanto a la financiación autonómica, el REAF cree que debería ser 'más transparente', reforzar el principio de lealtad institucional y armonizar hasta cierto punto la tributación medioambiental, la del Patrimonio y la de Sucesiones y Donaciones si se decide que tienen lugar dentro del sistema tributario. Además, se inclinan por suprimir las modalidades de Actos Jurídicos Documentados y de Operaciones Societarias de ITP y AJD.

En la tributación local, cree que habría que suprimir el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, coordinar el IBI con el Impuesto de Patrimonio y armonizar las tasas que se aplican frecuentemente.

También habría que tener en cuenta la lucha contra el fraude fiscal. En ese sentido, Del Amo recordó que la economía sumergida representa en España cerca del 20% del PIB: se recaudarían 60.000 millones más cada año si se acabara con ella. 'Se están haciendo las cosas bien, pero queda mucho por hacer', explicó del Amo, para quien si España fuera capaz de rebajar el fraude fiscal al nivel que hay en la UE —es decir, reducirlo en 4,5 puntos—, el Estado recaudaría 15.000 millones de euros más al año.

A este respecto, el REAF sugiere concienciar a los ciudadanos desde el sistema educativo, difundir criterios interpretativos de la Administración, incrementar los recursos humanos de las administraciones tributarias, no introducir más obligaciones formales y fortalecer una agencia independiente y con información centralizada para luchar contra el fraude. 'La base de control de un buen sistema tributario es la información y sobre todo que esté centralizada', apostilló Pich.