Los jefes de Estado y Gobierno de España, Andorra, Portugal y países de Latinoamérica estamparon hoy su firma electrónica en una declaración final y 12 documentos anejos surgidos de la XX Cumbre Iberoamericana.

La ceremonia de la firma tuvo lugar inmediatamente antes de la clausura de la reunión iniciada ayer, tras lo cual los participantes posaron para la foto de familia y asistieron a un almuerzo de despedida.

La Declaración de Mar del Plata, documento principal de la cumbre, consta de 57 puntos, en su mayor parte referidos a los objetivos de fomentar la educación en una región que cuenta con 15 millones de niños no escolarizados y un 8,7% de analfabetos.

Los numerosos puntos de la declaración referidos a las cuestiones educativas subrayan la necesidad de avanzar en metas como la inclusión social, la igualdad de oportunidades para niños y niñas, la especial atención a grupos raciales minoritarios y el respeto de sus especificidades culturales.

Y es que la declaración considera que la educación de calidad es "un derecho humano fundamental e inalienable (que debe) ser garantizado por todos los Estados Iberoamericanos para la población sin discriminación", de forma "universal y gratuita en la educación primaria y secundaria, bajo el principio de igualdad de oportunidades".

La declaración se fija como objetivo la plena alfabetización en toda la región para el año 2015, aunque otros objetivos concretos se recogen en un "programa de acción de Mar del Plata" consensuado aparte y destinado a definir la forma en que se plasmará el "Metas 2021", compendio de una serie de objetivos trazados previamente por los ministros de Educación de la región.

Este programa recoge también la creación de un Fondo Solidario de Cooperación Educativa, de "carácter voluntario", aunque el plan no especifica el monto económico que tendrá.

Sin embargo, el primer punto de la declaración, lo que da una idea de uno de los puntos centrales de interés en la cumbre, es una condena explícita del "intento de golpe de Estado perpetrado el 30 de septiembre en Ecuador" y de "hechos e intentos similares de subvertir el Estado de derecho y el orden legítimamente constituido".

En este sentido, la declaración lleva anexa una "Declaración Especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica", que por primera vez establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que amenacen el orden constitucional y el Estado de Derecho en los países miembros.

El documento establece que si un gobierno "constitucional" considera que existe amenaza de ruptura o alteración del orden democrático, podrá notificarlo a la Secretaría pro Témpore, que informará al resto de miembros para adoptar medidas concretas de cooperación y un pronunciamiento para la defensa de la institucionalidad.

En caso de ruptura del orden constitucional, la Secretaría Pro Témpore convocará una reunión extraordinaria de cancilleres para que, por consenso, decidan las medidas a adoptar.

Estas medidas van desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión del derecho del Estado a participar en los órganos de la Conferencia Iberoamericana, así como "del goce de los derechos y de los beneficios" que se derivan de pertenecer a esta comunidad.

La cláusula establece el fin de estas medidas "cuando se determine, sobre la base de evaluaciones periódicas de la situación, que las causas que motivaron su adopción fueron plenamente superadas".

Esta fórmula, que no alude directamente a sanciones comerciales, es mucho más ambigua que las aprobadas en otros foros de integración regional, como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que incluyen la posibilidad de expulsión o las sanciones comerciales.

Uno de los documentos firmados por los iberoamericanos que mereció más páginas fue el referente al terrorismo, en el que se subraya la necesidad de una mayor cooperación entre los países, aunque el texto contiene menciones paradójicas.

Los firmantes instan a los Estados a obrar para que "la condición de refugiado o asilado no sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo" y que aquellos que han recibido solicitudes de extradición "procedan a considerarlas debidamente".

El comunicado no hace mención explícita de casos concretos, pese a que son varios los países del ámbito iberoamericano que se acusan mutuamente de dar cobijo a terroristas que han atentado o conspirado contra sus respectivos estados.

Los otros temas que fueron recogidos en declaraciones aparte fueron la soberanía de las Islas Malvinas, el embargo sobre Cuba, la delincuencia organizada, las lluvias torrenciales en Colombia, Venezuela y Guatemala, el proyecto Yasuní-ITT, el cambio climático, la promoción de inversiones, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o el Camino Inca.