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El Gobierno andaluz ve "garantías jurídicas plenas" para expropiar viviendas a los bancos

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que sería un "error" que el PP recurriera la medida al Tribunal Constitucional. Las familias cuya vivienda sea expropiada deberán pagar una 25% de su renta

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El Gobierno andaluz ha defendido este miércoles la legalidad del  polémico Decreto Ley que le permitirá la expropiación temporal de viviendas a los bancos para impedir desahucios y sancionar a las entidades financieras que no alquilen su stock de viviendas vacías.

El decreto, que ha generado discrepancias sobre su legalidad y ha encendido las críticas de la derecha, fue aprobado el martes por el ejecutivo andaluz , formado por PSOE e Izquierda Unida, y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el jueves.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, defiende la constitucionalidad del nuevo decreto y ha apuntado que el Gobierno central cometería un 'error' si lo recurriera.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Valderas ha confiado en que el Gobierno central no cometa ese 'error de recurrirlo' ante el Tribunal Constitucional porque se posicionaría en 'contra miles de voluntades de hombres y mujeres de nuestro país que piensan que hay que adoptar medidas de estas características'. Ha insistido en que se trata de un decreto claramente constitucional y en línea con lo que marcan el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Constitución y ha recalcado que sería un 'nuevo error' que el Ejecutivo nacional se posicionara 'del lado de los bancos y de los sectores especulativos'.

También ha vuelto a defender el decreto la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés que, en declaraciones a la Cadena SER ha asegurado: 'Tenemos garantías jurídicas absolutamente plenas porque hay artículos de la Constitución, del Estatuto y también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que avalan esta cuestión', dijo la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en declaraciones a la Cadena SER. La consejera, además, ha señalado que las familias que se beneficien de la medida deberán destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio de dicho inmueble, según contempla el decreto ley.

'Vivimos una situación de emergencia social y emergencia económica', agregó la consejera, del grupo IU.

El aumento de los desahucios se ha convertido en un frente clave de protesta en un país que ha llevado a cabo incontables movilizaciones desde que el anterior Gobierno del PSOE y el actual introdujeran profundos recortes de gasto para tratar de reducir el déficit y rescataran con fondos europeos a varias entidades bancarias que son las que más viviendas vacías acumulan después de ejecutar desahucios por impagos de las hipotecas.

El llamado Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda tiene como objetivo, según la Junta, hacer aflorar el alquiler del parque residencial desocupado andaluz y abordar los casos de conlleven un riesgo de exclusión social y marginación.

Según datos ofrecidos por el Gobierno andaluz, existen entre 700.000 y un millón de inmuebles desocupados en esa comunidad, y de ellos, entre 350.000 y 500.000 pertenecen a bancos y empresas inmobiliarias.

El decreto, que se tramitará en el Parlamento autonómico como proyecto de ley, establece la expropiación temporal por un máximo de tres años del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio en los casos más graves de emergencia social de las familias.

'Esperamos que dentro de tres años, si el Gobierno central y la mayoría absoluta del Partido Popular no es capaz de atender esta urgente necesidad, haya un Gobierno que paralice desahucios, consiga la dación en pago con carácter retroactivo y el cambio de las leyes que nos han traído esta tremenda injusticia social', señaló Cortés.

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, se ha mostrado convencida de que no hay motivos para plantear dudas sobre la legalidad de estas medidas y, en concreto, de una expropiación que cumple una función social para que una familia que no tiene medios y que no ha podido pagar su vivienda porque ha perdido el trabajo, pueda permanecer en esa vivienda durante un plazo de tres años.

'Hay políticas que pueden cambiar la situación de la gente y creo que es una señal y un aviso muy claro al Gobierno' que en el tema de los desahucios 'ya tiene que actuar', ha subrayado.

En esta misma línea, la diputada socialista Trinidad Jiménez ha señalado que 'cuando el Gobierno andaluz ha decidido tomar esta medida es porque ha visto que tiene un marco legal que ampara la decisión'.

'En todo caso -ha añadido- hay que saber que no es la expropiación de cualquier piso, sino con unas condiciones perfectamente establecidas y para tratar de dar respuesta a una situación de extraordinaria necesidad como la que se está planteando'.

El mismo día de la aprobación de la normativa andaluza, el Congreso nacional cerró la puerta a debatir la dación en pago en la cámara baja .

El Congreso había admitido a trámite por unanimidad el mes pasado la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se sumó al proyecto de ley que estaba tramitando el Gobierno del Partido Popular.

La ILP con más firmas de la democracia - casi 1,5 millones - pedía en esencia la dación en pago (la entrega de la vivienda a cambio de cancelar la deuda hipotecaria) retroactiva, una moratoria de los desahucios y un alquiler social de viviendas vacías en manos de los bancos.

La normativa andaluza incluirá también un sistema de sanciones leves, graves y muy graves que pueden alcanzar hasta los 9.000 euros para los bancos, inmobiliarias o entidades que no alquilen sus inmuebles vacíos.

La ley ha generado discrepancias entre quienes defienden su legalidad y aquellos que sostienen que puede vulnerar algunos principios constitucionales y que la expropiación es competencia únicamente del Estado.

'Tenemos la obligación política de defender el interés general', sostuvo Cortés.

Con el país sumido en la recesión y uno de cada cuatro trabajadores en el paro, la cuestión de los desahucios se ha convertido en una de las caras más duras de la crisis.

El Ejecutivo se ha visto abocado desde finales del año pasado a aprobar medidas para proteger a los deudores hipotecarios a raíz de la publicidad y protestas de numerosos desahucios, algunos de los cuales han terminado en suicidios

Desde que comenzó la crisis en 2008, se han realizado unas 400.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales casi 170.000 han terminado en desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial hasta noviembre.

De acuerdo a datos del Gobierno andaluz, en Andalucía se han llevado a cabo casi 86.000 desahucios desde 2007.