El Ejecutivo no quiere dar la sensación de que los buenos datos de paro del verano le duermen en los laureles. Por eso, está preparando un paquete con medidas urgentes para el empleo que con toda probabilidad aprobará en el último Consejo de Ministros del verano (el viernes 29 de julio) o en el extraordinario de agosto. El equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha sido advertido de que se prepare para un Consejo extraordinario en mitad de la canícula, que se celebrará el 19 de agosto. Esta es la fecha tope para que el ministerio de Trabajo haya terminado un nuevo paquete de medidas con el que paliar el efecto del desempleo.

En estos momentos, Gobierno, patronal y sindicatos están negociando en la mesa de empleo cambios en los modelos de contratación. La posibilidad de lograr acuerdos de alcance antes del verano en este sentido parece complicada, pero el Ejecutivo sí ha aceptado otro tipo de concesiones que incluirá en este paquete. Entre ellas, está la prórroga a la ayuda a las empresas que despiden y al que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) subvenciona con ocho días por año trabajado y empleado. También la extensión de la conversión de contratos temporales a indefinidos y la subvención de 400 euros para los parados que hagan cursos de formación.

La hora trabajada en un contrato parcial computará más para proteger al emplead

Las tres iniciativas fueron implementadas también a raíz de su aprobación en planes extraordinarios y caducan de forma escalonada a lo largo del verano. La extensión del subsidio del Fogasa es casi inevitable, ya que su funcionamiento se quedaba supeditado a la constitución del fondo austríaco que, según se había impuesto el propio Ejecutivo, debía estar diseñado para estas alturas del año. Después de decidir retrasar su puesta en marcha por falta de fondos (la ley obligaba a que el Fondo no supusiera un incremento de las cotizaciones para los empresarios), el Ejecutivo ha optado por prorrogar la situación actual. La novedad, solicitada por los sindicatos, es que no se subsidiarán los despidos improcedentes, que suponen una de cada cuatro extinciones de contratos. Por su parte, la ayuda de los 400 euros caduca el próximo 16 de agosto, lo que refuerza la posibilidad de que sea el útlimo Consejo de Ministros de julio el que tome la decisión de la prórroga. El Gobierno es renuente a confirmar que dará el visto bueno a esta extensión. De retrarse hasta el 19 de agosto, el lapso de tiempo sin protección podría subsanarse con una cláusula de retroactividad.

Junto con estas tres medidas, de carácter paliativo, el Ejecutivo está decidido a hacer un plan de choque para flexibilizar aún más la contratación parcial, un punto en el que choca frontalmente con los sindicatos. Por lo pronto, Trabajo ha ofrecido aumentar la protección social de este tipo de contratos, de forma que el coeficiente por el que se multiplica una hora trabajada a efectos de cálculo de las prestaciones sociales se eleva desde 1,5 a 1,75. Aunque las centrales son partidarias de esta mejora, se resisten a que el Ejecutivo introduzca medidas que faciliten aún más la extensión de este contrato.

Desde el inicio de la crisis, el Ejecutivo ha propuesto de forma recurrente la flexibilización del empleo parcial como una de las llaves para crear empleo rápido sin volver a recurrir a los contratos temporales. Sin embargo, CCOO y UGT cree que este tipo de contratación oculta fraude, al tener a los trabajadores en el tajo muchas más horas de las que consta en su contrato.

La formación para los jóvenes parados no estará hasta septiembre

Si el Ejecutivo decide aprobar este nuevo impulso al tiempo parcial, los sindicatos ya han advertido que no contará con su apoyo. Fuentes cercanas a la negociación indican que, lo más probable, es que el Ejecutivo apruebe el plan de forma unilateral, aunque el grueso cuente con el visto bueno de los sindicatos.

Para la convocatoria de septiembre se quedarían los dos núcleos de negociación que suponen, en realidad, la almendra del plan de empleo: los jóvenes y los mayores de 45 años. Aunque los agentes sociales parecen haberse puesto de acuerdo en que el modelo alemán de formación-empresa es un buen ejemplo, las conversaciones aún deben madurar, según indican fuentes de la negociación, y la propueta definitiva se incluirá en la Estrategia Española de Empleo que debe estar lista para finales de septiembre. El modelo dual propuesto por los sindicatos implica que los estudiantes tengan un 50% de su formación en el trabajo. El sistema tiene un elevado coste, que puede llegar hasta los 18.000 euros por participante. Según los negociadores, además de la voluntad política para aportar la financiación necesaria al proyecto, también se necesita la decisión patronal, ya el compromiso del empresario de formar al estudiante es básico. En su defecto, en el paquete de este verano podría aprobar un certificado de competencias para los jóvenes sin estudios, o la regulación de la figura de los becarios en las empresas.