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EL Gobierno aprueba el proyecto de ley del servicio postal universal

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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de ley del servicio postal universal, por el que se garantiza un servicio de calidad y los derechos de los usuarios y trabajadores del sector.

Correos y Telégrafos, dependiente del Ministerio de Fomento, seguirá siendo el único prestador designado para el servicio postal universal.

El proyecto ha sido aprobado tras haberse llevado a cabo un intenso proceso de consultas en el que han participado agentes y empresas del sector así como diversos órganos consultivos, y después de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.

La nueva ley establecerá el régimen aplicable a la prestación de los servicios postales, garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad, la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector.

El proyecto persigue el cumplimiento de tres objetivos básicos, garantizar un servicio postal universal de calidad, prestado en todo el territorio del Estado con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.

Asegurar que los usuarios de los servicios postales tengan unos derechos adecuados, independientemente de quien sea el prestador de los mismos y del ámbito de esa prestación.

Y, conseguir un mercado postal con reglas de funcionamiento seguras y transparentes que hagan posible la libre concurrencia en la prestación de los servicios postales garantizando el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores del sector y la integridad de la red pública de Correos.

Asimismo, para garantizar un servicio postal universal de calidad -que incluye las cartas de hasta 2 kg, y paquetes de hasta 20 kg, tanto ordinarios como certificados- el proyecto de ley regula todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenerse la prestación por parte de Correos y Telégrafos.

La norma contempla también un sistema de financiación para hacer frente a la carga financiera que tiene que soportar el operador designado, y además de la contribución que todos los operadores y usuarios deben realizar, se establece una aportación del Estado.

La nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, eliminando las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable.