El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado hoy el proyecto de Ley por el que se concede un aval de 200 millones de euros a General Motors (GM) España, condicionado al comienzo de la fabricación en la factoría de Figueruelas (Zaragoza) del nuevo modelo Opel Meriva, en el primer cuatrimestre de 2010.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Ejecutivo autonómico, Alberto Larraz, ha explicado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los detalles del aval, que se concede en garantía de las operaciones de préstamo o crédito que la planta de Figueruelas tenga que solicitar para la financiación de inversiones vinculadas a la puesta en marcha del nuevo Meriva.

El proyecto de ley será remitido ahora a las Cortes autonómicas para su tramitación por el procedimiento de urgencia y en lectura única, para que pueda estar aprobado antes de que acabe el mes de diciembre.

Además de la "importancia singular" de General Motors para Aragón en términos de contribución al PIB, empleo (trabajan 7.500 personas) y balanza exterior, el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta para aprobar la concesión del aval las inversiones que la factoría tiene que hacer para la fabricación de la próxima generación del Opel Meriva.

La designación de Figueruelas para fabricar este modelo, ha recordado Larraz, tuvo importantes efectos en la planta aragonesa, así como múltiples implicaciones para todo el empleo en el sector auxiliar, que se quieren salvaguardar con la concesión de este aval, que para Larraz tiene por tanto carácter de "medida estructural".

En el proyecto de ley se especifica que la duración máxima del aval será de cinco años y que un incumplimiento del destino para el que ha sido concedido supondrá "causa automática de cancelación".

Pero el consejero ha incidido en que el Gobierno de Aragón no tienen dudas de que la planta de Figueruelas vaya a cumplir sus compromisos respecto a la fabricación del nuevo Meriva antes del 30 de abril de 2010.

General Motors España debe de sustentar este aval con "activos suficientes" para el caso de que no pueda llevar a cabo la restitución del préstamo y que, según Larraz, pueden ser muchos, desde los edificios a la maquinaria, pasando por la planta fotovoltaica de la factoría.

En el contrato que se firmará para la concesión del préstamo con General Motors se especificará cuáles son estas garantías, que el Gobierno de Aragón ejecutaría en el caso de que GM no restituyera sus préstamos.

La concesión del aval, sin embargo, no está condicionada al mantenimiento del empleo, puesto que este aspecto está en manos de la autoridad laboral que debe de resolver los expedientes de Regulación de Empleo de la compañía, el primero de cuales entró en vigor en noviembre y afectará a 600 trabajadores.

El consejero ha apuntado que el Gobierno de Aragón es "muy respetuoso" en este sentido con los acuerdos a los que llegan los sindicatos y la dirección de la empresa y hasta ahora no se ha aprobado ninguno sin acuerdo del Comité de Empresa.

La importancia de contar con una empresa como GM, que lidere un sector industrial fuerte, constituye una de las prioridades de la política económica e industrial de Aragón como mecanismo para garantizar el crecimiento y el empleo.

Aragón es la primera Comunidad Autónoma de las que cuentan con industrias automovilísticas que aprueba una medida económica de apoyo al sector para superar la crisis.