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El Gobierno baja el sueldo a los funcionarios y quita el cheque-bebé

El presidente pide a los ciudadanos "un gran esfuerzo de austeridad" y no descarta una subida de impuestos. Rajoy tira de demagogia y le reprocha que haga caer el peso de los recortes en "funcionarios, pensionistas y futuras madres&quo

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Sangre, sudor y lágrimas. José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar un drástico recorte del gasto público que incluye como medidas más llamativas la reducción en un 5% del sueldo de los funcionarios en 2010, su congelación en 2011, la eliminación del cheque-bebé a partir del 1 de enero del año que viene o la congelación de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas. Todo con el objetivo de recortar el gasto en 5.000 millones este año y en 10.000 millones el año que viene.

Pero hay mucha más miga en el pan de los recortes: el Estado dejará de invertir de aquí a finales de 2011 unos 6.045 millones de euros, de los cuales 2.000 afectarán al Ministerio de Fomento y a las infraestructuras. También se verá afectado el gasto farmacéutico (se ahorrarán 300 millones), la dependencia o la ayuda oficial al desarrollo, que también se reducirá en 600 millones de euros entre el presente año y 2011.

'No es fácil para el Gobierno tomar estas medidas', afirmó Zapatero, que a lo largo de la media hora que duró su discurso intentó ser didáctico y se remontó al origen de la crisis en el verano de 2008 para explicar, en definitiva, la necesidad de estas medidas. Pero pese a sus explicaciones detalladas, Zapatero se mostró consciente de que 'muchos ciudadanos no lo van a entender, ahora precisamente que les mandamos el mensaje de que la crisis empieza a remitir'.

Teme Zapatero la reacción social y motivos tiene para ello: el secretario general de UGT, Cándido Méndez afirmó en la Cadena SER nada más conocer las medidas que ahora 'a los sindicatos les toca gestionar el conflicto social'. Fuentes sindicales declararon a Público.es: 'Como siempre pagan los mismos. No vamos a tener más remedio que actuar'. Y si a los sindicatos no les ha hecho mucha gracia, a la Bolsa sí: el Ibex-35 recibió con un alza del 2% el anuncio de Zapatero.

Como guiño a esos ciudadanos, a los que reclamó 'un esfuerzo nacional colectivo', el presidente también anunció que los miembros del Gobierno se reducirán un 15% el sueldo. La rebaja en el sueldo de los funcionarios afectará a 2,6 millones de empleados públicos. En España hay 2.659.010 funcionarios, de los que 1.345.577 corresponden a la administración de las comunidades autónomas, 627.092 a la local, 583.447 a la estatal y 102.894 a las universidaes.

En el turno de réplica y ante las críticas de la izquierda, en su segunda intervención, Zapatero no descartó la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas fiscales para contribuir a la reducción del déficit. Zapatero dijo que el Gobierno es 'plenamente sensible' en el reparto de los esfuerzos y que los que más capacidad tienen deben hacer un esfuerzo 'mayor'. Según indicó, el Gobierno hablará con los grupos políticos sobre esta posibilidad, aunque admitió que este diálogo será más fácil 'con unos que con otros'

El presidente del Gobierno intentó varias veces justificar su decisión: con cierto realismo pragmático insinuó que toma estas decisiones difíciles obligado por la Unión Europea y con el objetivo de contribuir a la estabilidad financiera de la Unión Europea y del Euro. Y es que la reunión de los ministros de finanzas del Ecofin el fin de semana pasado en el que se decidió la creación del llamado mecanismo europeo de estabilización por valor de 750.000 millones , fue la última etapa que hizo ineludible la toma de esta decisión: 'Nadie podía prever lo que iba a suceder', sentenció el presidente.

'La situación es díficil, pero el Gobierno no desfallecerá'

Zapatero fue muy claro: el plan de recorte del gasto que tenía previsto el Gobierno era insuficiente, 'España tiene desequilibrios que son un 11,2% de déficit y un 20% de paro', afirmó el presidente. Reconoció que el Estado tiene que pasar de un 11,2% de déficit en 2009 al 6% en en 2011: 'Tenemos que hacer en dos años las dos terceras partes de lo previsto en cuatro, pero tenemos que restablecer la confianza'. Para Zapatero está es una ampliación de su plan de recorte anunciado. Una ampliación cifrada en 15.000 millones de euros en 2010 y 2011 y que permitirá anticipar el deseado objetivo del 3% del déficit a 2012.

La magnitud de los recortes ha obligado a Zapatero a variar de rumbo y a tomar decisiones que él mismo sabe que son impopulares. Por eso se dirigió a los ciudadanos: 'Es un gran esfuerzo de austeridad, pero hemos intentado ser equitativos. La situación es difícil, pero el Gobierno no desfallecerá'.

La réplica de Mariano Rajoy fue cualquier cosa menos generosa. Fue el típico discurso del 'ya te lo dije'. El líder del PP centró sus críticas en dos ejes: el primero, que Zapatero es un gobernate tutelado por Europa. 'Tengo que lamentar que tengan que venir de fuera a decir lo que hay que hacer y vigilar las cuentas. Durante mi visita le ofrecí una oferta que rechazó y ahora tendrá que tomar unas decisiones impuestas', dijo Rajoy

Segundo, y en un plano más demagógico, el líder conservador censuró al presidente que haga recaer todo el peso del recorte en 'los funcionarios, los pensionistas y las futuras madres'.

'Sus errores y su incapacidad la vamos a pagar todos los españoles'

'Ha hecho un gran recorte de derechos sociales, contradiciendo todo lo que lleva diciendo a lo largo de los ultimos años. Sus errores y su incapacidad la vamos a pagar todos los españoles, pero especialmente los pensionistas, los funcionarios públicos y las futuras madres. Es su responsabilidad, su única y exclusiva responsabilidad', afirmó Rajoy.

Rajoy dedicó más tiempo a criticar al presidente y a reprocharle que no hiciera caso, que fuera la UE la que le dijera lo que tiene que hacer, que a hacer propuestas constructivas: no fue capaz de ofrecer sus propias medidas, más allá de 'suprimir la vicepresidencia tercera, el ministerio de Igualdad y de Vivienda' y de reorganizar 'las subvenciones' de la administración pública, sin concretar nada.

Además de rebajar el sueldo de los funcionarios, eliminar el cheque- bebé o congelar las pensiones hay otras medidas que llaman la atención: 

-El Gobierno prevé la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Esto implica que sólo podrán acceder a esa modalidad de retiro los mayores de 61 años, que tengan un mínimo 30 años cotizados a la Seguridad Social y al menos 6 años de antigüedad en la empresa, en tanto que sólo se podrá reducir la jornada laboral un 75% como máximo.

- Inversiones públicas. El Estado pretende dejar de invertir 6.045 millones, 2.000 de ellos en Fomento.

-El Ejecutivo espera que las Comunidades Autónomas y las entidades locales realicen un ahorro adicional de su gasto de 1.200 millones de euros. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ya avanzó esta semana que Comunidades y ayuntamientos deberían asumir parte del esfuerzo para lograr esa reducción del déficit.

-Ayuda al desarrollo: se ahorrarán 600 millones euros hasta el final de 2011.

-A partir de ahora se establecerá un tiempo máximo de 6 meses para la resolución de las solicitudes de servicios de dependencia hasta la adjudicación de la prestación. Es decir, cualquier persona que lo solicite no tardará más de 6 meses en empezar a recibir la prestación. A partir de la entrada en vigor de esta nueva norma, se eliminará la retroactividad, que ya no tendrá sentido, porque no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones. Con ello se espera ahorrar 670 millones de euros.

-Por último, se intentará mejorar la eficiencia farmacéutica, para lo que se adecuará el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, de acuerdo a las indicaciones de la comunidad científica. También se hará posible la dispensación de medicamentos en unidosis, mediante el fraccionamiento de los envases. El paciente podrá comprar así la cantidad exacta de unidades (comprimidos, cápsulas, etc) que necesite para el tratamiento indicado por su médico. Aquí el Ejecutivo espera ahorrar 300 millones de euros.