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El Gobierno intenta blindar el cierre de Garoña

Industria prohíbe a la central nuclear burgalesa hacer obras que impidan su clausura en 2013. Fuentes jurídicas y del sector atómico opinan que el partido ganador de las elecciones generales de 2012 sí podría tumbar l

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El Gobierno reveló ayer la maquinaria legal que utilizará para convertir en 'irreversible' su decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, independientemente de lo que ocurra en las elecciones generales de 2012. En una orden ministerial que se publica hoy en el BOE, el Ministerio de Industria anuncia que la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola, 'no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación' en 2013.

Con la decisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de clausurar la planta atómica, a las compañías eléctricas sólo les quedaba una salida: arriesgar una inversión millonaria para introducir las mejoras exigidas en un primer momento por el CSN para operar hasta 2019 y confiar en que el partido ganador de las próximas elecciones revoque la decisión de cerrar Garoña en 2013.

Sin embargo, la orden ministerial podría obtaculizar la instalación de un sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, una condición innecesaria para funcionar hasta 2013, pero exigida por el Consejo de Seguridad Nuclear en su primer informe para que la central funcione 10 años más, hasta 2019.

Con esta resolución, el Gobierno no ve posible que Garoña prolongue su actividad más allá de los cuatro años fijados por el Ministerio de Industria el pasado jueves. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el cierre de Garoña 'es definitivo e irreversible' y señaló que la decisión se basa en la 'responsabilidad del Gobierno de dirigir la política energética, en la garantía del suministro de electricidad de nuestro país y en la necesidad de potenciar las energías renovables en el marco de una economía sostenible'.

A pesar de la maniobra legal diseñada por el Ejecutivo para imponer el cierre de la central al próximo Gobierno, diversas fuentes consultadas por este diario aseguran que la decisión es reversible. El profesor de Derecho Administrativo Francisco Velasco, de la Universidad Autónoma de Madrid, explica que la Ley 30/92 de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común permite al próximo Gobierno revocar el supuestamente irreversible cierre de la central en 2013. El propio Zapatero 'podría prorrogar otro año más la central el año que viene si el barril de petróleo se dispara'. Para el jurista, incluso si el Gobierno hubiese optado por hacer una ley de caso único, como hizo Felipe González para expropiar Rumasa, se podría haber derogado con otra ley de reapertura de Garoña. 'Como dijo el poeta, el amor es eterno mientras dura. Pues la decisión de cerrar la central es irreversible mientras dure', bromea.

Otras fuentes jurídicas dudan de que Industria pueda impedir a Garoña instalar un sistema de tratamiento de gases radiactivos para aspirar a la prórroga hasta 2019 si hay un Gobierno pronuclear en 2012. La orden ministerial veta los cambios en la central 'que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación' en 2013, pero no sería el caso de del sistema de tratamiento de gases. 'No se puede prohibir una mejora en la seguridad', aseguran estas fuentes, 'ni Industria puede juzgar las motivaciones de una empresa si quiere hacer unas inversiones que nadie le exige'.

Fuentes del sector nuclear aseguran que, en cualquier caso, el próximo Gobierno podría pedir en 2012 al CSN un nuevo informe sobre las condiciones de seguridad de Garoña. Y el juez atómico podría exigir entonces la puesta al día de las mejoras, incluido el decisivo sistema de tratamiento de gases.

Los miembros del consejo de administración de Nuclenor, la mitad de Endesa y la otra mitad de Iberdrola, se reunirán en los próximos días para estudiar si presentan un recurso contra la orden del Ministerio de Industria. Según un informe de la compañía financiera Citigroup, el cierre de Garoña tendría un impacto negativo sobre el beneficio bruto de explotación de Endesa e Iberdrola de 43 millones de euros al año entre 2014 y 2019.

De la Vega confirmó ayer que el plan para preparar a la comarca burgalesa del Valle de Tobalina para el posible impacto económico que tendrá el cierre de la central se elaborará en los próximos tres meses y se desarrollará durante tres años. La vicepresidenta indicó que el plan 'garantizará el empleo a todos los trabajadores de la planta' y girará en torno al desarrollo de proyectos empresariales en la zona, la mejora de las infraestructuras de transporte y logística y la promoción del patrimonio cultural y natural de región.

'Dentro de cuatro años cerrará Garoña, pero para entonces se habrá abierto para todos los ciudadanos de la zona una ventana hacia un futuro sin incertidumbres', vaticinó la vicepresidenta.