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El Gobierno canario denuncia a los controladores por desobediencia y sedición

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Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han presentado hoy una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición.

El texto de la denuncia, que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha colgado en su blog personal, afirma que se ha obstaculizado e impedido de forma absoluta la normal prestación del servicio público esencial para el transporte aéreo, algo "imputable de forma exclusiva a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores aéreos".

Añade igualmente que el Gobierno de Canarias entiende que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública del artículo 409 del Código Penal, considerando sujeto activo del mismo a aquellos controladores aéreos que, "habiendo abandonado el servicio y con evidente dejación de funciones, han causado directamente el grave quebranto en la prestación del servicio público de transporte aéreo de Canarias".

Afirma además que, sin perjuicio de lo anterior, la conducta reprochable e imputable al colectivo de los controladores aéreos pudiera constituir a su vez un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal e, "incluso, centrándonos en el orden público como bien jurídico protegido, un delito de sedición previsto en artículo 544".

El Gobierno de Canarias justifica su actuación en base al "principio rector de su política" de promover las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades, "entre los que cabe englobar el derecho de libre circulación y la libertad de empresa, la defensa de los intereses del pueblo canario y la consecución del pleno empleo y el desarrollo equilibrado de las islas".

Destaca además que es ostensible la dependencia que existe entre desarrollo equilibrado y un adecuado funcionamiento de las comunicaciones y resalta que la condición insular y la lejanía del archipiélago respecto del resto del territorio nacional generan una extraordinaria dependencia de los ciudadanos respecto al transporte aéreo.

Por este motivo considera que es "indiscutible la presencia de un auténtico interés legítimo representado por la defensa del establecimiento de unas adecuadas condiciones en las que haya de prestarse el tráfico aéreo".

Indica también que el abandono masivo y la falta de personal de los controladores aéreos con el cierre del espacio aéreo en Canarias, que tiene lugar el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto sobre la jornada laboral de este colectivo, ha ocasionado un "colapso de los aeropuertos canarios con gravísimas consecuencias para los usuarios y para la economía de las islas en proceso de recuperación".

Para el Gobierno de Canarias, las bajas médicas masivas presentadas por los controladores representa una conducta "merecedora del mayor de los reproches sancionadores previstos en el ordenamiento jurídico".

Además de solicitar a la Fiscalía que se practiquen las diligencia oportunas para el esclarecimiento de los hechos y concreción de las responsabilidades penales y civiles, el Ejecutivo canario reclama que, de mantenerse la "situación de cierre o irregular funcionamiento de los aeropuertos canarios por idéntica actitud delictiva" de los controladores, se adopten las medidas necesarias para corregir de forma inmediata tal situación "delictiva" para que el tráfico aéreo pueda desarrollarse con normalidad.