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El Gobierno canario pide que se despida a los controladores como hizo Reagan

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha exigido hoy al Gobierno central que despida a los 2.400 controladores aéreos españoles, al igual que hizo en 1983 el presidente de los EEUU, Ronald Reagan, que despidió a más de 11.000 controladores en una situación similar.

Rivero, cuyo ejecutivo ha presentado una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición, ha dicho a los periodistas que el despido de todo el colectivo es la única forma para acabar con los "constantes chantajes de este colectivo".

El presidente canario pidió además que la Justicia actúe de forma inmediata y contundente para poner fin a esta situación y valoró la actuación del Gobierno central, si bien reclamó esos despidos para recuperar a España como destino turístico, ya que "esta situación ha causado un daño irreparable".

Para Rivero, los controladores deben responder penalmente si han cometido algún delito y de forma civil para reparar los daños causados.

Dijo además que el colectivo de controladores se comporta como una "secta", ya que, si bien los controladores canarios habían decidido esta mañana volver al trabajo, "tras recibir una llamada del sindicato en Madrid, volvieron a abandonar sus puestos de trabajo", con lo que el espacio aéreo canario sigue cerrado, una situación que, según datos de AENA, habría afectado hasta anoche a más de 17.000 personas.

El texto de la denuncia afirma que se ha obstaculizado e impedido de forma absoluta, la normal prestación del servicio público esencial para el transporte aéreo, algo "imputable de forma exclusiva a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores aéreos".

Añade igualmente que el Gobierno de Canarias entiende que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública del artículo 409 del Código Penal, así como un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal e, "incluso, centrándonos en el orden público como bien jurídico protegido, un delito de sedición previsto en artículo 544".