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El Gobierno controlará las deudas de las autonomías

Las sanciones a las comunidades tendrán en cuenta "la reincidencia y la gravedad" del incumplimiento. Abre la puerta a la gestión privada de las televisiones públicas

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El Gobierno quiere controlar la deuda autonómica. El próximo martes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se dará a conocer el anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. Con ello se trata de atar los presupuestos de cada comunidad para poder cumplir el déficit público y generar confianza en la economía española, según el Ejecutivo. De ese modo cada una tendrá que ceñirse a la norma para elaborar sus techos de gasto. Si se desvían, entrarán en juego mecanismos para corregirlo. Estos podrían ser reducciones 'mínimas y obligatorias' referenciadas al PIB.

Fue lo que explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La dirigente conservadora también desveló que si no se ajustan a los objetivos previstos las autonomías serán sancionadas. Se le preguntó cómo se las castigará, pero no lo quiso avanzar. Lo único que dijo es que tenían previsto hacerlo teniendo en cuenta los criterios de 'reincidencia' y la 'gravedad' del incumplimiento.

La portavoz del Ejecutivo intentó por todos los medios que no se interpretara como una injerencia en las cuentas de cada territorio. 'Cada uno decidirá lo que destina a cada partida. No se va a decir cómo lo gastan pero sí se les va a marcar un límite', señaló estableciendo hasta dónde llega su autonomía. Presumió de que con ello España se iba a 'anticipar' a lo que iba a pedir la Unión Europea para el resto de los países. Y recordó que ya fue 'pionera' con la reforma constitucional que se aprobó el pasado mes de agosto.

'No somos ni éramos partidarios de subir impuestos', dice la vicepresidenta

En esta última se señala que a partir del año 2020 todas las administraciones deberán presentar equilibrio o superávit, siempre y cuando el déficit estructural no supere el 0,4% del PIB. Sáenz de Santamaría defendió además que esta ley servirá para reforzar los principios y criterios de transparencia.

El martes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá con todos los consejeros autonómicos para exponerles los detalles. En este encuentro también les anunciará que el Estado aplaza en diez años la devolución de los anticipos a cuenta de 2008 y 2009 por parte de comunidades y corporaciones locales para facilitar su liquidez ante las dificultades económicas. Una suma que asciende a 24.000 millones. Lo anunció en una convención del PP en Málaga.

Esta fue la gran reclamación que hicieron el pasado mes de julio los barones del PP. A comienzos de diciembre, se habló de que se les iba a conceder, pero el responsable de Política Autonómica, Javier Arenas, lo paralizó diciendo que de momento 'no se podía afrontar' y lo condicionó al estado final de las cuentas.

El Estado aplaza diez años la devolución de los anticipos a cuenta a las autonomías

La Ley de Estabilidad también se presentará ante la Comisión Nacional de Administración Local. El objetivo es llegar 'al máximo acuerdo'. No será difícil alcanzar el consenso porque el PP gobierna en 11 comunidades desde junio de 2010. Las dos regiones que más preocupan son Murcia y País Valencià, las más endeudadas.

El Ejecutivo asegura que no dejará caer ninguna. 'Tenemos que trabajar todos juntos para lograr solventar los problemas de liquidez o tesorería, muchas veces puntuales, que puedan tener algunas autonomías. Todos de común acuerdo. Las autonomías también son Estado', mantuvo la vicepresidenta sin explicar cómo lo harán.

El Gobierno teme sobre todo la reacción de Andalucía o Catalunya. A esta última le hizo un guiño clarísimo. Después de que CiU votará a favor de la convalidación del tijeretazo del Gobierno, Sáenz de Santamaría dijo que esperaba que esto fuera 'el inicio de una deseable colaboración en el ámbito parlamentario e institucional'. La Generalitat catalana respondió que ya tiene aprobada su propia ley de estabilidad y que es 'más exigente' que la que quiere el Gobierno central.

Sáenz de Santamaría tuvo que volver a explicar además la razón de la subida de impuestos. 'Si el Gobierno no se hubiera encontrado lo que se encontró, las decisiones habrían sido otras', sostuvo defendiendo que los conservadores no sabían nada. Lo cierto es que en octubre, en el PP ya calculaban que el déficit podía ser superior al 8% y que los asesores económicos de Rajoy estimaban que los recortes podían ascender a los 40.000 millones.

La Generalitat catalana respondió que ya tiene aprobada su propia ley

'Este Gobierno no es ni era partidario de una subida de impuestos', aseguró la vicepresidenta, a pesar de que lo ha hecho con el IBI y el IRPF, tras ser preguntada por el vídeo que lanzó ayer el PSOE bajo el título de Donde dije digo, digo impuestos.

En el Consejo de Ministros también se estudió un informe sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que permitirá a las autonomías decidir la forma de gestión de sus canales. 'No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad en el marco de sus estatutos y dentro de sus competencias para decidir cómo gestiona este servicio público, si directamente o con fórmulas de gestión indirectas', dijo abriendo la puerta a la gestión privada.

Sáenz de Santamaría recordó que este había sido uno de los compromisos electorales de su formación. También dijo que no se iba a 'imponer' ningún modelo y que podían elegirlo 'libremente'. Madrid y Castilla-La Mancha son las más interesadas.