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"El Gobierno podría crear miles de puestos de trabajo si le diera la gana"

El director de Greenpeace denuncia los intereses de políticos y empresarios en las últimas reformas en medio ambiente y advierte del desmantelamiento de sectores clave para el desarrollo y el empleo.

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Mario Rodríguez Vargas (Madrid, 1965) es un activista veterano. Lleva 20 años en Greenpeace, pero cumple exactamente uno al frente de la dirección mientras abre las puertas de su despacho en la calle San Bernardo de Madrid para esta entrevista. Sobre la mesa, las últimas noticias del caso Bárcenas y el supuesto pago de sobresueldos a altos cargos del PP con dinero procedente de destacados empresarios, una información que a priori podría parecer ajena a los intereses del medio ambiente, pero que a Rodríguez le hacen 'comprender' muchas cosas. 'Nosotros venimos hablando de esta vinculación entre determinados sectores empresariales y los políticos desde hace tiempo', afirma. Uno de los últimos documentos de la organización ecologista denuncia cómo esos intereses privados están detrás de las reformas regulatorias que afectarán a la conservación del litoral. 'Están creando un Estado muy adverso para la práctica democrática de la ciudadanía', advierte.

En vuestro último informe sobre el proyecto de la nueva Ley de Costas denunciáis abiertamente los intereses privados que hay detrás de la reforma. Greenpeace apunta directamente al ministro Arias Cañete, al exministro Abel Matutes, al marido de Dolores de Cospedal y a otros altos cargos del PP como principales beneficiarios de los cambios...

'Se ha hecho una Ley de Costas a medida con una serie de intereses muy claros'Lo que ponemos en cuestión con el informe es que se esté gobernando por el interés general. Cuando llega Abel Matutes, exministro en la época de Aznar, que ahora preside la sección de turismo de la CEOE, y dice que ha trabajado 'muy intensamente' en la ley, pues uno se preocupa. O [Isabel Fernández] Tejerina, que ahora es la directora general de Agricultura, pero que antes estaba trabajando en la empresa de Villar Mir, que también se beneficia claramente de la reforma. Es evidente que se ha hecho una ley a medida con una serie de intereses que son muy claros. El sector de la construcción está fuertemente ligado al PP y no sólo hay una relación por intereses económicos sino que hay afinidad y cercanía, sobre todo entre algunos como el ministro Cañete, que tras el gobierno de Aznar pasa a ser accionista en un sector de la construcción emergente,  y el empresario Joaquín Rivero. Hoy, con los datos que están saliendo de las cuentas de Bárcenas, esa relación es más evidente. Y lo más grave es que están poniendo como excusa la inseguridad jurídica que miles de ciudadanos van a perder ahora.

Pero esas conexiones no son sólo evidentes en el caso de la Ley de Costas. Hace pocos días el Gobierno autorizó la extracción de gas en Doñana, un proyecto promovido por Gas Natural-Fenosa, de donde es consejero Felipe González justo después de haber dejado la presidencia del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana...

'El sector de la construcción está fuertemente ligado al PP'

Este es el extremo de un país que se plantea un gasoducto en una de sus joyas de la naturaleza como es Doñana, que costó tantos años de lucha. Estamos paralizando las renovables y se plantean ir a un Parque Nacional... es una broma macabra. El sistema que están planteando es perverso: tenemos un ministro de Medio Ambiente con intereses en el sector de la construcción y el sector petrolero, amén de amante de la caza donde los haya. A [Pedro] Morenés que viene de la industria del armamento y a [Luis de] Guindos de Lehman Brothers. Y Gallardón, que con su tasazo judicial impide a los grupos ecologistas poder denunciar los desmanes ambientales por los altos costes. Tenemos un gobierno que está cambiando el armazón legislativo medioambiental de este país al que tanto ha costado llegar y además está tratando de perseguir a quienes denunciamos esos desmanes. Están creando un Estado muy adverso para la práctica democrática de la ciudadanía.

'Están creando un Estado muy adverso para la práctica democrática'En el caso de la inseguridad jurídica que mencionaba antes, es cierto que el Gobierno se ha valido de este argumento para la reforma en la Ley de Costas, pero mucha gente podría pensar que, en el contexto de crisis actual, si eso va a atraer las inversiones y a generar empleo, el medio ambiente puede esperar, ¿no?

Lo que ocurre es que no han aplicado la ley que había. La ciudadanía ha comprado casas sin saber que eran ilegales porque no se han preocupado de reflejarlo en el catastro, pero no es culpa de la ley. Dicen que atrae inversión, pero ¿qué inversión queremos atraer? ¿La del modelo actual de trenes con diez pasajeros al día, autopistas con 200 coches, aeropuertos sin aviones y puertos medio vacíos? Tenemos que saber qué tipo de país queremos ser: el que genera tecnología e innovación o el basurero y la zona de recreo de Europa. A mí que no me vengan con el cuento de las inversiones, cuando se están perdiendo fondos de la Política Agraria Común sin invertirlos en agricultura ecológica. Es el mundo al revés. El futuro no pasa por el ladrillo, por el cemento, por hacer más infraestructuras o por generar más residuos. El Gobierno podría crear decenas de miles de puestos de trabajo si le diera la gana con el transporte colectivo, generando tejido industrial en sectores emergentes como las renovables o la construcción en base a patrones sostenibles, en la agricultura ecológica, con un turismo bien desarrollado o con la gestión forestal de nuestros bosques. El problema es que no quieren. Ellos son los que están generando inseguridad jurídica con los cambios que están haciendo en la regulación.

Pero la apuesta del Gobierno por las renovables es cada vez más débil. ¿Por qué España, que lideraba este sector, deja de apoyarlo?

El problema radica en que fijaron un precio artificial para satisfacer los intereses de las eléctricas. ¿Es lícito que tengan tantísimos beneficios mientras nos producen un déficit que pagamos todos? En un país con seis millones de parados, que estén cortocircuitando un sector donde se está exportando tecnología y ‘marca España', que tanto está de moda, no tiene ningún tipo de sentido salvo beneficiar al oligopolio eléctrico. Quien marca la política del país no es el interés general, sino determinados sectores que están presionando al partido gobernante. Eso es lo único que explica la persecución tan brutal a las renovables, un sector que España lideraba junto a Alemania y Dinamarca. Que ahora tengan que abandonar el país por unos políticos incompetentes que no son capaces de ver sectores emergentes que generan empleo y tecnología no tiene ni pies ni cabeza.

Precisamente hace unos días habéis solicitado reuniros con las grandes eléctricas para explicarles vuestro modelo 100% renovable. ¿Esto es factible hoy por hoy?

'Quien marca la política del país son sectores que están presionando al Gobierno'Creemos que el debate sobre el modelo energético está muy tergiversado y hay un cúmulo de intereses, sobre todo en el oligopolio eléctrico, que es el principal problema para la evolución hacia un modelo alternativo. Lo que nosotros queremos hacerles ver es que técnica, tecnológica y económicamente un modelo 100% renovabas es viable. Por lo tanto lo que prevalece son cuestiones ideológicas y de rentabilización de beneficios. Hace diez años hicimos un estudio para plantear si el país tenía potencial para un escenario 100% renovable en el 2050. Cogimos la situación más adversa, que era consumir como locos como se estaba haciendo, con un sector de la construcción emergente y un sector del transporte alocado con aeropuertos y vías del AVE por todos lados. Incluso con su modelo absurdo demostramos que es factible y por eso estamos tranquilos. Por lo tanto el problema no es si es viable o no, lo que queremos saber es por qué demonios  no quieren dar ese avance. Un sistema basado en las renovables lógicamente tiene su impacto, pero sería mucho menor que el actual modelo.

Greenpeace impulsó la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En el texto se habla de la necesidad de una 'reforma integral' y de 'un cambio de modelo radical', pero esto traspasa las barreras de lo político. Un cambio de modelo productivo implica un cambio de mentalidad social, algo mucho más complicado de lograr... ¿Es realista?

'Estamos en un momento en el que alguien tiene que decir ‘basta'. Hay que cambiar el modelo'

 Creo que es realista plantearlo hoy para que se aplique mañana. Cuando nosotros empezamos a plantear las cosas siempre nos dicen que estamos locos. Al principio de los 80 cuando planteamos que el cambio climático iba a tener consecuencias gravísimas sólo éramos unos locos melenudos que no teníamos ni idea y ahora nadie cuestiona esto. La crisis económica que se ha vivido globalmente, con mucha crudeza en España, es a causa de un modelo que no es sostenible y que siempre pagan las clases más desfavorecidas. El medio ambiente no puede pagar los platos rotos de la incompetencia de políticos y banqueros. Estamos en un momento en el que alguien tiene que decir ‘basta'. Eso significa que tiene que cambiar el modelo. Hablábamos de las renovables, pero lo podemos extrapolar a la agricultura, a la pesca... Las alternativas no pueden pivotar en los mismos esquemas de desarrollo que el actual, porque son insostenibles.

'Un modelo 100% renovable es técnica, tecnológica y económicamente viable' 

 Pero ante la idea ecologista del 'desarrollo sostenible', cada vez son más lo que se oponen y hablan de la necesidad obligada de reducir la producción, de dejar de 'crecer por crecer'. En definitiva, creen necesario decrecer, ante los recursos limitados del Planeta y el peligro del colapso del capitalismo actual...

Lo que pasa es que el desarrollo sostenible se ha entendido mal. El desarrollo sostenible es aquel que permite un crecimiento al ritmo de la naturaleza. Eso implica un decrecimiento, pero no todo el mundo está en niveles de insostenibilidad, porque hay una tremenda injusticia y una malísima distribución de la riqueza. Mientras aquí se están tirando alimentos para mantener los precios, en otros lugares no tienen ni para comer. Es cierto que tendemos a un colapso del sistema, pero todavía queda mucho margen para que unos pocos vivan muy bien y muchos muy mal. Llevamos siglos en los que un 20% de la población consume el 80% de los recursos del planeta. Si planteáramos el debate del decrecimiento en África, no lo entendería nadie. El concepto de decrecimiento no es global para nosotros. Es un debate de países ricos con el plato lleno. Lo comparto, pero tiene que ir acompañado de una redistribución del crecimiento.
'Cuando en los 80 planteamos el cambio climático sólo éramos unos locos melenudos'
Habla de redistribución de la riqueza, de cambio de modelo económico y social... El ecologismo ha evolucionado hacia un modo de vida, un proyecto político en el sentido ideológico. ¿Se explica así Equo?

Equo es un ejemplo de que el ecologismo no ve reflejado en las agendas de los gobiernos el tema ambiental, o si está reflejado no se cumple. Yo creo que el ecologismo hoy por hoy tiene una proyección social que está fuera de toda duda a nivel general, no es solamente preservar un paraje concreto. Cada vez hay más ciudadanos que comparten esa visión. Ahora, ¿qué falta para que se dé un paso más en esa dirección? La conciencia está, pero hay que pasar a la acción. La movilización social ha empezado a despertar. Cuando la gente ve hoy que se quiere pasar un gasoducto por Doñana y uno descubre que Felipe González está en Gas Natural y también en la presidencia del Consejo de Participación del parque, pues hombre... dos y dos son cuatro. Los grupos ecologistas catalizan, pero a diferencia de lo que ocurría antes, la ciudadanía ya se moviliza sola. El Tejido social ha asumido la lucha ecologista como parte de su esquema social en la lucha por otro tipo de derechos.