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El Gobierno culpa a Catalunya del 'castigo' de Standard & Poor's

La vicepresidenta achaca a la "inestabilidad" política la dificultad de financiarse de ciudadanos y pymes

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Al Gobierno no le ha sentado nada bien el informe de la agencia de calificación Standard & Poor's, que rebaja dos escalones la deuda española y la sitúa al borde del bono basura. La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que esta calificación no se corresponde con la 'percepción actual' que los mercados tienen en estos momentos de nuestra economía, 'según los últimos datos'. Soraya Sáenz de Santamaría argumenta que el Ejecutivo está cumpliendo con sus compromisos, con el objetivo de déficit, con las medidas de crecimiento o las reformas estructurales.

En referencia, además, a las dificultades económicas de las comunidades autónomas –a las que S&P cita expresamente–, la número dos del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo 'avanza en conseguir un Estado autonómico más eficiente', aunque ha advertido de que 'la estabilidad política también cotiza en bolsa', en clara alusión a las reivindicaciones independentistas de la Generalitat de Catalunya y el partido que la sustenta, CiU. Aunque sin citarlos en ningún momento, Sáenz de Santamaría ha asegurado que 'cuando determinadas actuaciones generan inestabilidad, la financiación es más difícil. Y no sólo la de las administraciones, sino también la de pequeñas y medianas empresas y la de los ciudadanos'.

Al respecto del proceso soberanista catalán que quiere abrir Artur Mas comparándolo con el de Escocia en Reino Unido, la número dos del Gobierno no ha querido entrar a explicar las diferencias históricas o de constitucionalidad que existen entre ambos casos. 'Sólo me quedo –concluyó– con que en Reino Unido se está respetando el contexto constitucional' y ha pedido que quienes establecen paralelismos entre Escocia y Catalunya y Reino Unido y España también se apliquen ese respeto.

La vicepresidenta contestó sin salirse del guión a las muchas preguntas de los periodistas sobre las palabras del ministro de Educación, que entraron ayer estrepitosamente en el debate sobre Catalunya: con sus políticas educativas, el Gobierno pretende 'españolizar a los catalanes', aseguraba José Antonio Wert ayer en el Congreso de los Diputados. Sáenz de Santamaría no citó al ministro ni su frase en ningún momento y optó por centrarse en el objetivo general de la norma de educación conservadora: 'Los gobiernos estamos para defender los derechos individuales de los ciudadanos y sus libertades, para protegerlos y defenderlos residan donde residan. El derecho a la educación es uno de esos derechos, sobre el que no se debe anteponer ninguna otra cuestión'.

La intención del Gobierno con respecto a la educación en Catalunya, además y según la número dos del Ejecutivo, es la misma que con respecto a Balears o el País Valencià, que también tienen el catalán como lengua cooficial y por las que se le preguntó expresamente. 'Garantizar el derecho de elección y las libertades individuales, incluso en la lengua', porque ahora 'estamos trabajando hacia un equilibrio en el conocimiento de ambas lenguas'.

Sáenz de Santamaría se remitió las palabras del ministro Wert para explicar el empleo del verbo 'españolizar'. La meta del Gobierno, insistió, es tener 'españoles bien preparados y buenos conocedores de la realidad española y de sus comunidades autónomas'.