El Gobierno ha aclarado este martes que no todos los funcionarios dejarán de percibir la paga extra de Navidad, tal y como había dado a entender la semana pasada el presidente, Mariano Rajoy, cuando anunció los recortes por valor de 65.0000 millones de euros. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los trabajadores de la administración pública que menos cobran no serán penalizados.

La medida, que estaba incluida en el real decreto que publicó el sábado el BOE, ha servido a Montoro para sacar pecho durante la sesión de control al Gobierno, resaltando que afecta a todos los funcionarios cuya retribución no supera en 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (641,4 euros). Según fuentes de Hacienda, los beneficiados por esta decisión serían solo entre 10.000 y 15.000 personas en toda la administración pública.

Montoro defendió posteriormente el último paquete de recortes y la subida del IVA porque según él 'merecerá la pena' pese a la tensión social que ha desatado.

Como ya hiciera el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro reconoció que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente sus promesas electorales y, siguiendo la tónica general del Ejecutivo, ha justificado ese giro empleando la ya famosa expresión de 'la herencia recibida'.

Montoro recibió duras críticas del senador de Entesa, José Montilla, y del PSOE, José Miguel Camacho, quienes han recriminado al Gobierno su escasa apuesta por el diálogo social.

El primero acusó al Gobierno de haber actuado con 'deslealtad institucional' con las comunidades autónomas 'quedándose el aumento del IVA y el punto de déficit adicional' permitido para este año por Bruselas. Por su parte, Camacho dijo que ser 'responsable político' no es cobrar el sueldo de ministro, 'sino ser responsable de lo que se ha hecho y se ha dicho'.

Volviendo a las promesas incumplidas del Gobierno, Montoro también se refirió a la supresión de la deducción por compra de vivienda como una obligación de Europa: 'Si tengo que cambiar mi criterio es porque tengo que cumplir con lealtad con las instituciones europeas' dijo.

El Ministerio de Hacienda comenzó este martes a hablar con las comunidades que según sus cálculos no cumplirán con los objetivos de déficit del 1,5% para 2012. El Gobierno quiso mantener esa cifra pese a que Bruselas rebajara en un punto los objetivos para el conjunto de las administraciones públicas españolas (Del 5,3% inicial, al 6,3%).

La negativa del Gobierno a permitir que las comunidades se beneficiaran de esa rebaja provocó la indignación de sus presidentes. Especialmente llamativa fue la reacción de la propia Extremadura y de Castilla y León, que pese a estar gobernadas por el PP se abstuvieran en la votación. Mientras que Andalucía, Catalunya, Canarias y Asturias votaron en contra.