La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho un llamamiento "a la reflexión y la responsabilidad" de los políticos ante las críticas al Tribunal Supremo por su condena a Baltasar Garzón y se ha mostrado "preocupada" por la imagen que éstas dan de la democracia española.

"España es un país democrático. Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta, que ha insistido en que "cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras".

Sáenz de Santamaría ha pedido a todos, y especialmente a los representantes políticos, que imiten al Gobierno, del que ha dicho que "respeta cualquier decisión judicial, la comparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca más o le favorezca menos o no le favorezca en modo alguno".

"Unas sentencias pueden gustar más o pueden gustar menos, pero deben ser respetadas por todos y acatadas por las partes", ha dicho la vicepresidenta, que ha señalado que "la primera responsabilidad es política" y ha recordado que la misma Constitución que permite a los representantes políticos ejercer sus tareas sitúa al Tribunal Supremo en el "supremo vértice" del orden jurisdiccional español.

La "número dos" del Gobierno ha dicho, en cualquier caso, que el Ejecutivo no instará a la Fiscalía a actuar contra quienes, unas veces desde ámbitos políticos y otras desde el mundo jurídico, han asegurado que no respetan la sentencia y han descalificado a los magistrados que la dictaron.

"El Gobierno no da instrucciones a la Fiscalia sobre como proceder, eso se ha acabado", ha asegurado.

Al tiempo que la vicepresidenta hacía estas manifestaciones, el Ministerio de Justicia distribuía una declaración de su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que muestra "su completo acatamiento" a la sentencia que condena a Garzón, "actitud que no es sino muestra del respeto al principio de separación de poderes que debe regir con normalidad en nuestro Estado de Derecho".

Gallardón, como ayer hiciera el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, acepta el "legítimo derecho a la crítica de las resoluciones judiciales", pero rechaza "con toda energía" las descalificaciones y ataques "que injustamente está recibiendo el más alto tribunal de Justicia de nuestro país".