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El Gobierno dice que no quiere irse del todo de la Justicia en las CCAA

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El Gobierno hace un balance "claramente favorable" del traspaso de la Justicia a las comunidades, aunque asegura que no se irá del todo, "ni quiere", de las autonomías en este ámbito, que ya ha sido transferido a once gobiernos regionales.

En una entrevista con EFE, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha comentado el funcionamiento de la Justicia en las autonomías que ya la tienen transferida y el estado de las negociaciones en la seis restantes: La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y las dos Castillas.

Para Pérez, los traspasos han supuesto ventajas, "pero también inconvenientes, aunque el saldo es claramente favorable", si bien la transferencia "dificulta" la puesta en marcha de "grandes planes nacionales".

Entre las ventajas, ha apuntado el hecho de que los usuarios tengan más cerca al responsable político en esta materia, que, a su vez, tiene "un conocimiento más completo" de las necesidades, aunque ha reconocido que en la Justicia "se han producido algunos daños colaterales que no conviene minimizar".

A su juicio, el más importante es "la consolidación de diferencias en procedimientos organizativos, informáticos y estadísticos", lo que ocurre también en otros servicios públicos, "que se resienten de estas diferencias".

Esta situación obliga a un mayor esfuerzo de coordinación y de lealtad institucional, según Pérez, quien deja claro que el Gobierno de España "no se va del todo" a pesar de las transferencias, porque mantiene las competencias en "lo estructural".

Una vez que se transfiera la Justicia a todas las comunidades autónomas, el Ministerio aún gestionará "lo que le corresponde", como las retribuciones de jueces, fiscales y otros funcionarios, el cuerpo de secretarios o las aplicaciones informáticas.

El secretario de Estado ha anunciado, asimismo, que el próximo día 15 se reunirá la Conferencia Sectorial de Justicia, un órgano que su Departamento intenta que sea "un lugar de encuentro" y de coordinación de iniciativas entre la administración central y las autonómicas.

En esa fecha se tratarán, entre otros asuntos, la coordinación informática, las previsiones de crecimiento de la Planta Judicial en 2009 o la convocatoria de plazas de funcionarios judiciales.

Pérez ha destacado que ahora es "un momento estupendo" para afrontar cambios en la Administración de Justicia, al haber "concordia" entre las autonomías, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, por lo que, ha dicho, "pronto empezarán a notarse los resultados de esta armonía".

En cuanto a las transferencias, ha recordado que recientemente se han cerrado las de Aragón, Cantabria y Asturias, y ha reconocido problemas "diversos" para culminar el proceso con las seis comunidades que todavía no han asumido la competencia.

En unos casos, ha explicado a EFE, a las autonomías les parece que hay una insuficiencia de dotaciones que debe resolverse antes de las transferencias, y en otros, "parece que no quieren" y no sólo por razones presupuestarias, aunque Pérez no ha querido desvelar qué comunidades plantean estas dificultades.

Otras, ha continuado, quieren la competencia, pero con una asignación presupuestaria complementaria "que es preciso discutir", mientras que algunas apuntan "problemas concretísimos".

Según datos recabados por EFE, La Rioja demanda un mejor Palacio de Justicia, Extremadura acaba de pedir el inicio del proceso y en Baleares la negociación está estancada debido a la dificultad de encontrar una ubicación para la nueva sede judicial de Ibiza.

Murcia reivindica una mejora de los medios materiales antes de asumir las transferencias, en Castilla y León los problemas se refieren al coste del personal y en Castilla-La Mancha a las inversiones.

A pesar de esas diferencias, el Ministerio quiere culminar las transferencias "lo antes posible", si bien no oculta que la situación económica pueda retrasar el proceso, ya que algunas autonomías pueden entender que ahora no es el momento para hacerse cargo del servicio, porque "puede generar un gasto público mayor" a pesar de que la transferencia vaya "bien dotada".

El proceso de traspaso se inició con Cataluña, única comunidad que tiene transferida la Administración Penitenciaria, en 1983; en 1987 con el País Vasco; en 1994 con Galicia; en 1995 con la Comunidad Valenciana y en 1996 con Canarias.