Publicado:  09.03.2012 14:57 | Actualizado:  09.03.2012 14:57

El Gobierno dificulta al máximo la dación en pago

El código aprobado por el Gobierno es voluntario y permite aplicar la dación en pago a las familias "en riesgo de exclusión social"

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El Gobierno ha abierto la puerta a la dación en pago, sí pero habrá que cumplir tantos y tan específicos requisitos que conseguirla será tremendamente complejo. El código de buenas prácticas aprobado este viernes por el Gobierno para que la banca determine —porque al final será ella la que tome la decisión— si frena o no los desahucios contempla que sólo puede lograrse si la propiedad es la única del hipotecado.

El inmueble, además, tendrá que valer menos de 200.000 euros si está ubicado en ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos y 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes.

Hay más requisitos: el propietario que plantee la dación en pago debe tener a todos los miembros de su familia estén en paro, sin ingresos ni actividad económica.Unas condiciones estrictas que limitan la decisión del Ejecutivo de abrir la puerta a la dación en pago, es decir, a la posibilidad de que las hipotecas se salden con la entrega de la vivienda, a su definición de las familias "en riesgo de exclusión social".

El código, que se incluye en un decreto-ley aprobado este viernes, no cambiará la ley, aunque sí tendrá efectos retroactivos en caso de que las entidades que concedieron los préstamos se acojan a las recomendaciones. Ante el carácter voluntario de estas 'buenas prácticas', la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha apoyado en la buena acogida que ha tenido en el sector financiero.

La Asociación Española de la Banca (AEB) ha garantizado que las entidades financieras tienen la "mejor disposición" para acogerse al código y las cajas de ahorros han recordado al Gobierno que estas entidades ya "son sensibles" a estos problemas y por tanto aplican medidas para evitar que una familia se vea desalojada de su vivienda.

Desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y en estos momentos existe un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro.

Para evitar en última instancia el desahucio de las familias en riesgo de exclusión social, los bancos que hayan aceptado el código, tendrán que ampliar hasta cuatro años el periodo de carencia en el pago del capital de la hipoteca o a ampliar hasta un máximo de 40 años la vida de la hipoteca. También se recoge la posibilidad de abaratar el préstamo hasta aplicar un diferencial del 0,25 sobre el euríbor a un año y si aun así el deudor no puede hacer frente a su préstamo hipotecario el banco deberá ofrecerle una quita de su deuda.

En última estancia, el Gobierno permite la entrega de la vivienda para saldar la deuda con el banco, aunque cabe la opción de pagar un alquiler equivalente al 2% de la deuda pendiente durante dos años prorrogables.

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