El Gobierno de Ecuador se siente fortalecido tras la reciente rebelión frustrada y se moverá más hacia la izquierda con expropiaciones de tierras y la expulsión de los banqueros del accionariado de la prensa, dijo a Efe René Ramírez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

El alzamiento de policías y de algunos militares el 30 de septiembre reveló un aparente descontento entre las filas de las fuerzas de seguridad, pero el Gobierno no ha reaccionado tendiendo la mano a la oposición.

Al contrario, su consigna ha sido "radicalizar" su proyecto político, en palabras del propio presidente, Rafael Correa.

Ramírez es el hombre encargado de poner los detalles a esa declaración. "Queremos tener un gobierno mucho más progresista, más virado a la izquierda", dijo en una entrevista con Efe.

Pese a lo traumático que fue el levantamiento del 30 de septiembre, durante el cual Correa estuvo retenido casi todo el día en un hospital, el gobierno ecuatoriano se siente crecido tras constatar el apoyo popular.

Ecuador es un país con una larga experiencia en rebeliones, en las cuales "la ciudadanía salía para derrocar presidentes. Esta es la primera vez en la historia en que sale para defender a un presidente, defender un proyecto político", señaló Ramírez.

Varios miles de personas acudieron el día del alzamiento al hospital en el que estaba cercado Correa, azuzados por el Gobierno, mientras que las manifestaciones en su contra fueron mucho menores.

Tras la revuelta, la popularidad del presiente se ha disparado al 75 por ciento, según la empresa de sondeos Santiago Pérez, y hasta el 58 por ciento, de acuerdo con Cedatos, una encuestadora que el Gobierno vincula a su mayor rival político, Lucio Gutiérrez.

Ese respaldo en las calles, en los sondeos y también, como ha indicado Correa, en la Asamblea Nacional ha dado aliento al Gobierno para "profundizar" sus planes políticos.

Entre ellos está acelerar la reforma agraria, mediante el reparto de tierras baldías del Estado, la expropiación de terrenos privados improductivos o la elevación de los impuestos a ese tipo de propiedades para forzar a los dueños a vender, explicó Ramírez.

También pretende que la banca pública ayude a los trabajadores de empresas incautadas durante la crisis bancaria del 1999 a comprárselas a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un ente gubernamental.

Su objetivo es buscar "formas de propiedad republicana, llamémoslo así", afirmó Ramírez. Además, ha propuesto un programa de "sustitución selectiva de importaciones", que prevé la subida de aranceles y la dotación de incentivos a la producción, es decir, el camino opuesto al libre comercio.

El Gobierno reducirá asimismo el porcentaje de acciones que la banca podrá tener en los medios de prensa, por debajo del máximo del 25 por ciento contemplado hasta ahora.

"A mi modo de ver tiene que ser el cero por ciento", afirmó el Secretario.

En cambio, el Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, ha indicado que obligar a los banqueros a vender todas sus acciones en medios de prensa crearía "caos" en el país, pues pueden poseerlas de forma indirecta, a través de una mutualista o una cooperativa de ahorro.

Ramírez indicó que el Gobierno estudia ahora cómo eliminar lo más posible esa presencia en el accionariado, para que la prensa no se doblegue a "los grupos de interés".

"Si es que no se puede llegar a ese cero por ciento, habrá que ver cuál es ese mínimo que implique la no intervención en la objetividad de la producción de información", dijo.

El 20 de octubre vence el plazo para que los banqueros y sus parientes vendan las acciones en los medios de comunicación de Ecuador que sobrepasen ese 25 por ciento.

Al mismo tiempo, el Gobierno sigue sin desprenderse de dos cadenas incautadas a un grupo bancario quebrado, Gama TV y TC Televisión, que hace varios años prometió que vendería en seis meses.

Los canales forman parte de una amplia red de medios controlados por el Gobierno, que también interrumpe las emisiones de las estaciones privadas para emitir programas en los que suele criticar a la oposición.

Ramírez insiste en que ese poder mediático del Gobierno contribuye "a la pluralidad de voces" en el país.