El Gobierno espera que la devolución de 400 euros para asalariados, pensionistas y autónomos que pagan el IRPF ayude a reactivar la economía, de forma que el crecimiento de este año sea dos o tres décimas mayor que el que se conseguiría sin esta medida.

Fuentes del Gobierno matizaron que éste es el cálculo del efecto que han hecho diversas entidades privadas, aunque el Ejecutivo lo considera razonable, y añadieron que el efecto se podría elevar a medio punto de crecimiento del PIB de forma "acumulada" y "más a medio plazo".

En cualquier caso, el Gobierno se muestra "extremadamente prudente" sobre el efecto que tendrá esta medida.

La rebaja de 400 euros se recoge en el Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que incluye la mayor parte de las medidas prometidas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para ayudar a reactivar la economía en el actual momento de desaceleración.

Estas medidas costarán 10.201 millones de euros, de los que 6.000 se lleva la rebaja de 400 euros por contribuyente.

El primer pago de esta rebaja se hará en la nómina de junio, con una devolución de 200 euros para asalariados y pensionistas, y el segundo, repartido en los seis meses siguientes.

Para los autónomos, se aplicará la deducción en los pagos fraccionados o cuando hagan la declaración del IRPF.

El primer impacto de la medida, en junio, costará 2.225 millones de euros, y en los seis meses que restan, el coste de la medida será de 3.775 millones, hasta llegar a los 6.000.

A los contribuyentes a los que se retiene menos de 200 euros en cada nómina, no se les podrá descontar esta cantidad, aunque lo que falte se unirá a los 200 euros restantes para repartirlos en los seis meses siguientes.

El decreto incluye también, entre otras medidas, la parte que le corresponde al Gobierno asumir en la ampliación gratuita del plazo del crédito hipotecario.

El resto de los costes de esta medida -comisión bancaria y aranceles notariales o de registro- los asumirá cada agente afectado, es decir, las entidades financieras y los notarios y registradores, según el acuerdo entre éstos y el Gobierno, que aún no se ha firmado, aunque se espera una rúbrica en las próximas semanas.

Según los cálculos del Ejecutivo, para una hipoteca de 150.000 euros, los costes que se ahorrará el ciudadano por ampliar sus plazos serían de 328 euros, de los que sólo tres euros corresponden al gasto que asume el Ejecutivo, los correspondientes a los actos jurídicos documentados (AJD).

La mayor parte de esta cuantía la deberán asumir las entidades financieras -150 euros por comisión bancaria en una hipoteca de 150.000 euros-; los notarios -90 euros-, y los registradores -85 euros-.

Fuentes del Gobierno recordaron que esta medida tendrá una vigencia sólo de dos años, porque responde a la necesidad coyuntural de aliviar a las familias en el actual contexto de subida de tipos de interés y de precios.

Éstas no serán los únicos cambios fiscales, ya que el Real Decreto incluye diversas modificaciones en la normativa del IVA.

La modificación del IVA para promover la rehabilitación excluye el precio del suelo en el porcentaje del coste de la obra, para que haya un mayor número de viviendas que opten a ella.

Hasta ahora, las obras se consideraban rehabilitación cuando su coste superaba el 25 por ciento del precio de adquisición del inmueble, incluido el montante del suelo, muy elevado en España, y que ahora se excluye.