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El Gobierno estudia que los autónomos cobren hasta 6 meses por el cese de actividad

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El Gobierno ultima una propuesta para que los trabajadores autónomos cobren hasta un máximo de seis meses de prestación por cese de actividad, según anunció el director general de la Economía Social del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, Juan José Barrera.

En rueda de prensa explicó que el objetivo es asimilar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos con el subsidio por desempleo que perciben los desempleados.

Así, el Ejecutivo incorpora la propuesta presentada hace unos meses por un grupo de expertos que instaba a mantener la relación entre el periodo cotizado y el de prestación.

Según los expertos, el trabajador por cuenta propia cobraría una prestación del 70% de la base de cotización durante dos meses siempre que hubiera cotizado a la Seguridad Social entre 12 y 17 meses.

La prestación se cobraría 3 meses si se ha cotizado entre 18 y 23 meses; 4 meses para la de 24 a 29 meses; 5 meses para la de 30 a 35 meses; y 6 meses para las cotizaciones superiores a 36 meses.

Barrera recordó que los autónomos piden un mayor recorrido en los periodos pero puntualizó que se trata de lograr un sistema "sostenible".

Asimismo, avanzó que el Gobierno estudia introducir al inicio del sistema contributivo un tipo de cotización inferior a los 3,15 puntos propuestos los expertos.

Es posible, dijo Barrera, que estas propuestas se presenten en la mesa del diálogo social a finales de mes y que entren en vigor a comienzos de 2010, lo que supondría que los autónomos empezasen a cobrar la citada prestación a partir de 2011.

El Gobierno quiere que estos trabajadores soliciten la prestación por cese de actividad de forma voluntaria, aunque vinculada a la cotización por contingencias profesionales -enfermedades profesionales y accidentes de trabajo-, obligatoria para los autónomos económicamente dependientes (TRADE) y actividades de alto riesgo.

Barrera recordó que existen 363.371 cotizantes por este tipo de contingencias y confió en que el "efecto llamada" aumente su número, al igual que en el caso de los TRADE, que cuantificó en 3.240 nuevos contratos.

La suma de la prestación por cese de actividad y por contingencias profesionales tendría un tope máximo similar al de los asalariados -el 175% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) sin cargas familiares- y estaría vinculado a las mutuas o al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), siempre que éste último sea distinto a la Seguridad Social para evitar un mayor gasto.

Por otro lado, Barrera aseguró que el Consejo de Ministros recibirá un Real Decreto a finales de julio por el que los autónomos tendrán una bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años cuando contraten al primer asalariado de forma indefinida, lo que supondría llegar a contratar a 45.000 personas hasta el 31 de diciembre de 2009.

Otra medida (a aplicar hasta el 31 de diciembre de 2010) pretende que los jóvenes perciban en un pago único hasta el 60% de la prestación por desempleo para invertirlo en crear su propio negocio (más de 7.000 euros, según Barrera) y el resto en los costes de Seguridad Social.

Para los jóvenes menores de 30 años y las mujeres de menos de 35, el porcentaje en inversión aumentaría al 80% de la prestación.

También podría llegar al Consejo de Ministros un decreto que define los criterios para integrar a las asociaciones de autónomos en el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

Por el momento, la representatividad de estas organizaciones se medirá cada cuatro años siempre que sean de ámbito estatal e intersectorial, y presten servicios y actividades a los autónomos con "solvencia".

Aunque no está cerrado el cupo, Barrera resaltó que podría haber entre tres y cinco asociaciones que compartan el Consejo con sindicatos, patronales y administraciones, en el que participarían ocho miembros de cada parte.