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El Gobierno intenta frenar una "huelga de Togas" mientras los jueces resisten

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Después de una semana en la que los jueces ya han concretado una fecha -el 18 de febrero- para un acto de protesta, y han aplazado a junio la convocatoria de una posible huelga, mañana el Gobierno y el CGPJ intentarán dar respuestas concretas a las reivindicaciones de la carrera judicial.

Este lunes está previsto que se reúna la comisión mixta del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar, entre otros asuntos, el manifiesto consensuado por las asociaciones de jueces y los avances en relación con algunas de las medidas que exigen para modernizar y mejorar la administración de Justicia.

La reunión tendrá lugar dos días antes de las juntas de jueces convocadas el próximo miércoles en toda España para decidir si finalmente van a la huelga y si apoyan la que ya han anunciado para el 18 de febrero los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora.

Las asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han preferido desmarcarse de momento de esa convocatoria, aunque han elegido la misma fecha, la del 18 de febrero, para llevar a cabo un acto de protesta en todas las sedes judiciales.

Esa coincidencia puede provocar una situación similar a la que se produjo los pasados 21 de octubre y 21 de noviembre, cuando la actividad de los tribunales se vio afectada por las juntas de jueces y el Gobierno llegó a hablar de una "huelga encubierta".

El Ejecutivo y el CGPJ no tienen fácil frenar las protestas de los jueces, que han dado un plazo de cinco meses para que se cumplan sus reivindicaciones con la amenaza de celebrar la huelga el 26 de junio.

Ese posible paro sigue ganando adeptos en la carrera judicial, y esta pasada semana han sido los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, los que han suscrito un documento para apoyar la tabla de reivindicaciones pactada por las cuatro asociaciones judiciales.

En un ambiente en el que aumentan día a día los partidarios de la huelga, el Gobierno, en un intento de suavizar el conflicto, ha llamado a las asociaciones de jueces a una reunión el próximo 26 de enero, para la que apela al "espíritu de diálogo" en beneficio de la Justicia y de los ciudadanos.

De momento, el Ministerio de Justicia ya se ha puesto a trabajar, y ha invertido 1.230.500 euros en una nueva aplicación informática para el Registro de Penados y Rebeldes, que estará operativa el próximo 27 de enero y que permitirá que los jueces puedan conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados.

La mejora de los sistemas informáticos y la plena incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados es una de las medidas que anunció Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, y es también una las principales exigencias de los jueces.

En lo que parece que no habrá encuentro es en el debate sobre si los jueces tienen o no derecho a huelga.

Ellos, mantienen que sí, pero el Ejecutivo recuerda que también tienen responsabilidades con los ciudadanos.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha sido rotundo al afirmar que son un poder del Estado y "no pueden permitirse el lujo de hacer huelga".

Y, sin entrar en el debate doctrinal, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, decía el viernes tras el Consejo de Ministros, que los jueces conocen de sobra sus derechos y obligaciones.