El Gobierno indio pidió hoy al Parlamento su apoyo a enmiendas que endurecen las leyes antiterroristas y para la creación de una Agencia Nacional de Investigación (NIA) llamada a fortalecer y centralizar la lucha contra el terrorismo.

El recién nombrado ministro de Interior, P. Chidambaram, aseguró a los legisladores que el Gobierno ha buscado un "equilibrio justo" entre los derechos humanos y las exigencias del pueblo de endurecer las leyes tras el atentado de fines de noviembre en Bombay.

"Hemos hecho lo posible por satisfacer sus demandas. Déjennos aprobar estas leyes", instó el ministro, citado por la agencia PTI.

La controvertida creación de la NIA es una vieja idea que el Gobierno se decidió a implementar finalmente, aunque los Ejecutivos regionales y otras agencias como la Oficina de Inteligencia (IB) o el Ala de Investigación y Análisis (RAW), que se encarga del espionaje en el extranjero, habían ofrecido resistencia.

"Hemos conseguido un equilibrio entre el derecho del Gobierno central y el de los Gobiernos regionales" a intervenir en la investigación de actos de terrorismo, aseveró Chidambaram.

El paquete de enmiendas legales prevé prisión sin cargos de hasta seis meses para sospechosos de terrorismo y la supresión de la libertad bajo fianza para cualquier extranjero acusado de actos terroristas, además de provisiones para congelar las cuentas y los activos de entidades y sujetos sospechosos.

Durante el debate, el ministro de Ciencia y Tecnología, Kapil Sibal, defendió la enmienda y destacó a los legisladores que la India tendrá ahora leyes antiterroristas más duras que las del Reino Unido y Estados Unidos.

Aunque el principal partido de la oposición, el conservador BJP, ha anunciado que "en principio" está de acuerdo con las medidas, su líder, L.K. Advani, sugirió que las propuestas de ley sean enviadas a un comité parlamentario para ser estudiadas.

Advani recriminó al gobernante Partido del Congreso haber eliminado una ley antiterrorista (POTA) que su partido aprobó cuando estaba en el poder y que haya tardado "siete u ocho años" en darse cuenta de la necesidad de estas medidas.

El Partido del Congreso no aceptó esta ley al considerar que era discriminatoria, y Sabil recordó en el Parlamento que la POTA fue usada inapropiadamente tras la matanza de musulmanes a manos de extremistas hindúes en la región de Gujarat en 2002.

"Ésta ley no es una réplica de la POTA", clamó Sabil, quien explicó que las enmiendas no prevén que las confesiones a la Policía puedan ser utilizadas contra el acusado en un tribunal.

El ministro pasó entonces a la ofensiva y aseveró que si el Gobierno, encabezado entonces por el BJP, no hubiera excarcelado al líder del grupo cachemir Jaish-e-Mohamed, Masud Azhar, a cambio de la liberación de un avión de pasajeros secuestrado en 1999, la masacre de Bombay no habría sucedido.