José Luis Rodríguez Zapatero condensó en Zaragoza todos sus argumentos a favor de la reforma laboral, todas sus insistentes declaraciones de 'profundo respeto' a la convocatoria de huelga general, todas sus apelaciones al diálogo ya a partir de mañana, del 30-S. Fue este pasado domingo, en su última comparecencia pública antes del paro.

'Hay muchos cambios, mejoras y reformas en el ámbito laboral, social, de pensiones, que aconsejan el máximo de concertación, el máximo diálogo posible. Como presidente del Gobierno, volcaré todos mis esfuerzos para mantener ese diálogo intenso con los sindicatos y la patronal', proclamó ante 2.000 simpatizantes. También reclamó 'responsabilidad' y 'propuestas' a las centrales. Anteayer, lunes, reiteró su 'empeño' en recomponer los puentes con CCOO y UGT ante los miembros de la ejecutiva federal del PSOE.

Chaves sostiene que hay 'margen' para negociar con los sindicatos

Y ayer, fue su vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien aseguró en la Cadena Ser que el Gobierno hará una 'invitación inmediata' al diálogo, pues hay 'margen suficiente' para la negociación. El ministro y presidente del PSOE recordó que la ley de la reforma laboral 'necesita y exige un desarrollo', como la delimitación de la negociación colectiva, las políticas activas de empleo o la implantación del modelo austriaco, el fondo de capitalización para los trabajadores. O la misma reestructuración de las pensiones, el siguiente gran proyecto del Gobierno.

Los socialistas han defendido que, frustrado el Diálogo Social, el Ejecutivo tenía que actuar. Era su 'deber', su 'obligación', asumir esa 'responsabilidad', como subrayó Zapatero el domingo.

El Gobierno insiste en que sus reformas buscan garantizar el Estado del bienestar

La reforma laboral había dado muchas vueltas durante la legislatura. En mayo de 2008, Gobierno, patronal y sindicatos pusieron en marcha la mesa del Diálogo Social. Un año más tarde, el 24 de julio de 2009, el propio Zapatero dio por cerrada la negociación por la 'falta de responsabilidad' del líder de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al exigir condiciones 'inasumibles'. En diciembre, el presidente instó a retomar el proceso. Los meses pasaron sin acercamiento. Y entonces llegó el 12 de mayo, el anuncio del tijeretazo al déficit. El recorte se acompañaría de la aceleración de los cambios estructurales. El primero, el del mercado de trabajo, que aprobó por decreto el 16 de junio y luego tramitó como proyecto de ley, hasta su aprobación definitiva por el Congreso el 9 de septiembre.

El Gobierno niega haber abaratado el despido, restringido derechos o querer 'debilitar' a las centrales sindicales. Al facilitar la rescisión de contrato por causas objetivas con una indemnización de 20 días por año, el Ejecutivo persigue 'más flexibilidad para las empresas y que se adapten a las circunstancias económicas', según subrayó Zapatero en la Moncloa el pasado día 11, cuando ya advirtió, firme, de que la incidencia del 29-S no le haría cambiar ni una coma de su ley.

El Gobierno ha definido su reforma como 'equilibrada' entre los intereses de la patronal y los de los trabajadores, como una vía para atajar la fuerte temporalidad el 24,9%, según el INE, y para fomentar la contratación indefinida, lo que redundará en una mayor 'estabilidad' en el empleo y un incremento de la 'productividad de las empresas'. Pero otro objetivo del Ejecutivo es prevenir cifras masivas de paro en crisis futuras.

Para España, era imprescindible 'hacer una reforma' que le 'acerque a Europa en el mercado laboral', ha venido recalcando el presidente, quien además ha pedido esperar a comprobar sus 'efectos', sobre todo cuando la economía empiece a respirar.

Zapatero ha apelado también a la necesidad de 'sacrificio', a ese 'esfuerzo colectivo' que tanto citó en el debate del estado de la nación. Las reformas, aunque duelan, se hacen urgentes 'para preservar el Estado del bienestar', para mantener 'la cohesión social', para 'dejar atrás la crisis', enfatizaba ese 14 de julio en el Congreso. El presidente se ha aferrado asimismo a la lección de la historia. La volvió a esgrimir en Zaragoza: las reestructuraciones de Felipe González fueron muy contestadas en su día, agrietaron sobremanera las relaciones con los sindicatos, pero al final 'la gente las agradece', dijo, porque supusieron la garantía de un futuro.

Pero el Gobierno también ha actuado por el marcaje de los mercados, que en mayo acosaron la deuda soberana y exigían firmeza y austeridad.

'Ellos tienen el derecho a la huelga, ¡sólo faltaría!'. El Auditorio de Zaragoza ovacionó la exclamación del presidente, significativa por cuanto rubricaba que el Gobierno busca gestionar la huelga de forma distinta a como lo hizo González. Procurando no exacerbar los ánimos, sin disimular las discrepancias, como se plasmó el pasado día 5, cuando Zapatero faltó por primera vez a la fiesta minera de Rodiezmo, que organiza todos los años Soma-UGT.

El Ejecutivo pactó la pasada semana los servicios mínimos y hoy no prevé entrar en una guerra de cifras. No le importa tanto el 29-S como lo que pase después. Y los sindicatos son para él una pieza clave.