La subida obligatoria de la edad legal de jubilación a los 67 años no se hará ni por consenso ni, con casi toda seguridad, por decreto, ya que el Gobierno entiende que hay otras 'fórmulas alternativas' para ampliar la edad real de jubilación, sin tocar el umbral legal. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, compareció ayer ante la Comisión del Pacto de Toledo, el órgano parlamentario que debate la reforma de las pensiones, con una postura mucho más matizada en este punto por parte del Ejecutivo.

Gómez no mencionó ni en una sola ocasión el límite temporal de los 67 años, y ante las insistentes preguntas, primero de los diputados y luego de los periodistas, se limitó a recordar que el Pacto de Toledo no tiene como misión acordar medidas tan concretas como esa. El ministro no quiso adelantar si esta medida figurará entre las que el Ejecutivo elevará al Congreso a principios del próximo año cuando sea el momento de acometer el proceso parlamentario de la reforma. Sin embargo, descartó que el Ejecutivo hubiera cambiado de opinión, ya que sigue creyendo que es fundamental prolongar la vida laboral de los trabajadores y que el método más rápido para lograrlo es actuando sobre la edad legal.

El PP dice que sólo la edad legal les separa de un acuerdo

Aunque esta es la postura oficial, fuentes del Ejecutivo consultadas por Público reconocen que el Gobierno ha suavizado su postura frente a la necesidad de elevar la edad legal a los 67 años, y que trabaja ya en otras fórmulas que logren un efecto similar. Entre ellas está la posibilidad de ampliar el periodo mínimo que hay que contribuir para cobrar el 100% de la pensión completa, y que ahora está en 35 años. Esta iniciativa se podría combinar con otras para alargar la edad real por encima de los 63,5 años actuales, como serían los incentivos fiscales o variables ligadas a la demografía.

En su intervención inicial, Gómez instó a los distintos grupos políticos a plantear medidas para retrasar 'la edad ordinaria de jubilación', tanto por el incremento de los incentivos para lograr un retiro 'más tardío', como por el retraso indirecto de la edad para jubilarse, a lo que en su opinión se puede llegar 'por una gran variedad de fórmulas'.

Esta invitación a los grupos, amplia y ambigua, fue interpretada por el arco parlamentario como una marcha atrás y suscitó a su vez posturas más precisas que en ocasiones anteriores. Así, el portavoz en la Comisión del Partido Popular, Tomás Burgos, mostró abiertamente su firme oposición al incremento de la edad legal a los 67 años. 'No cuenta con nuestro apoyo', aclaró. El PP había jugado en los últimos meses al escondite con su opinión sobre el retraso de la edad legal de jubilación. Burgos aseguró que sólo era este punto el que separa al PP de 'llegar a un acuerdo' con el Gobierno, y le lanzó al Ejecutivo una pregunta: '¿Qué margen de maniobra tiene el Pacto de Toledo?', en referencia a los compromisos del Ejecutivo con Bruselas. Gómez aseguró que existe un espacio para llegar al pacto, trabajando en medidas que van dirigidas a prolongar la edad real de retiro, y recalcó que 'nadie nos impone estas reformas. Tenemos que adoptarlas porque son el futuro de nuestro sistema de pensiones'.

Gómez dice que el Pacto de Toledo no debe plantear propuestas concretas

CiU y PNV también se mostraron proclives a llegar a un acuerdo en pensiones, pero siempre en la vía de recomendaciones para incentivar la permanencia de forma voluntaria o buscando vías más allá de la elevación sistemática de la edad legal.

Además de las vueltas que se dieron sobre el asunto de la edad legal de jubilación, Gómez planteó la necesidad de elaborar recomendaciones para reducir el uso de las prejubilaciones, que 'no pueden recaer en la Seguridad Social', dijo.

El tercer pilar que más interesa al Ejecutivo es el de ampliar el periodo de cómputo que se toma para calcular la prestación. Gómez insistió en la necesidad de alargarlo por encima de los 15 años actuales, aunque no quiso proponer una cifra concreta.