Publicado: 21.01.2014 14:50 |Actualizado: 21.01.2014 14:50

El Gobierno obliga a silenciar Catalunya Ràdio en el País Valencià

El Ejecutivo ha comunicado a la entidad que emitía la señal de manera no autorizada que la sancionará con dos multas de 500.000 euros.

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Catalunya Ràdio y Catalunya Informació dejarán de oírse en el País Valencià. Tras el cierre de TV3, las emisiones de la radio pública catalana se mantenían a través de la red de repetidores de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), pero el viernes esta entidad recibió una comunicación del Gobierno español que la obligaba a cerrar las emisiones y anunciaba dos multas (por la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización y por el uso de frecuencias radioeléctricas sin autorización) por valor de 500.000 euros cada una. Las sanciones, probablemente, se aplicarán incluso cerrando las emisiones, informa Vilaweb.

Por primera vez, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, pretende castigar no sólo las emisiones, sino la propiedad y existencia de torres de repetidores de la emisión "no autorizada". Según Industria, esta actuación se hace a partir de la denuncia de un grupo llamado Círculo Cívico Valenciano y con el acuerdo de la Generalitat valenciana, añade el diario digital.

El Ministerio requiere a ACPV que adopte las medidas necesarias para el inmediato y efectivo cese de las emisiones; con la advertencia de que, en caso de incumplimiento de lo requerido, la administración actuante "procederá al precintado de los equipos y aparatos que forman parte de la red de difusión". El Gobierno fija un plazo de un mes para presentar las alegaciones que la entidad considere oportuna ante el órgano competente.

"Sólo les queda prohibir Internet", dice Francesc Homs, portavoz de la Generalitat de Catalunya

El acuerdo de incoación del expediente sancionador, dictado por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, lleva fecha de 13 de enero. Según consta en el escrito, las comprobaciones técnicas realizadas por los funcionarios determinaron el pasado mes de diciembre que se continuaban produciendo las reemisiones y que consta en la Dirección General que ACPV no dispone de las autorizaciones para emitir, lo que les lleva a pensar que se han podido cometer infracciones previstas en la Ley General de Telecomunicaciones.

En el escrito se acuerda incoar el expediente, nombrar instructor y requerir a ACPV a que adopte las medidas necesarias para el cese de las emisiones "con la advertencia de que, en caso de incumplimiento de los requerido, la administración actuante procederá al precintado de los equipos y aparatos que formen parte de la difusión".

Hasta ahora las frecuencias por donde se puede escuchar Catalunya Ràdio en el País Valencià son la 106.8 de FM en Alacant y 97.0 para Catalunya Informació, mediante el repetidor de la Carrasqueta; la 106.7 en Castelló (94.0 para Catalunya Informació), des el repetidor del Bartolo en Benicàssim; la 104.0 en Ontinyent y la 106.3 (87.0 Catalunya Informació) en València.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, cargó este lunes contra la decisión: "Sólo les queda prohibir Internet". En rueda de prensa, el también consejero de Presidencia enmarcó esta situación en la "ofensiva" del Gobierno central contra el catalán, donde ha incluido iniciativas como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) del ministro José Ignacio Wert.

"Ahora nos vendrán con los argumentos de la legalidad. Habrá cambiado algún artículo de la Constitución y no nos habremos dado cuenta", ironizó Homs, tras destacar que el Gobierno catalán hará lo que esté a su alcance para contrarrestarlo.

Desde Barcelona, el grupo de periodistas Ramon Barnils ha emitido una nota en la que condena la decisión del Gobierno del PP. En su nota, el grupo de periodistas expresan su apoyo a Acció Cultural del País Valencià, denuncia que el expediente sancionador responde a una estrategia del PP para "limitar los medios en lengua catalana en el País Valencià", considera la decisión "una vulneración de la libertad de expresión" y emplaza al Gobierno a "retirar el expediente sancionador y trabajar para hacer posible la reciprocidad entre medios públicos de Catalunya en el País Valencià en Illes Balears".