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El Gobierno obvia los consejos de la ONU y se felicita por su lucha contra el racismo y la xenofobia

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Con la negativa como respuesta, como ya ha hecho en anteriores casos, el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha obviado las principales conclusiones a las que llegó el Relator Especial de la ONU sobre racismo tras su visita en enero a Madrid.

En una réplica a una pregunta de Amaiur (Pdf) sobre la 'prevalencia del racismo y la discriminación racial' detectadas por Mutuma Ruttere en España, el Gobierno se ciñe escrupulosamente al texto y asegura que 'no se declara en momento alguno que prevalezcan situaciones de carácter xenófobo o similares' sino que, en su lugar, el Relator Especial 'destaca el esfuerzo para detectar posibles incidentes racistas y comprender mejor las percepciones sociales de la discriminación y la situación de las víctimas de la discriminación'.

Aunque es cierto que el informe de Ruttere recoge 'notables avances' realizados por España en casos concretos, el tono general del documento discrepa bastante de la lectura que hace el Gobierno. En un varapalo importante a algunas de sus políticas, el Relator de la ONU alerta de que los inmigrantes se han convertido en 'chivos expiatorios' de los problemas económicos y de que la crisis no es motivo para el retroceso de los derechos y avances logrados contra la discriminación.

'Ya se registra una dinámica que el Gobierno debería estudiar seriamente para evitar que se deteriore la situación en cuanto al racismo en España', señala textualmente en el punto 58 de sus conclusiones.

Además, la coalición independentista preguntó al Gobierno sobre la detención 'arbitraria' y las 'torturas y discriminación racial' sufridas por un inmigrante de origen marroquí en el CIE de Aluche en mayo de 2012. En concreto, Amaiur solicitó saber qué investigación independiente se había hecho al respecto, cuántos policías habían sido identificados y qué medidas de reparación se habían tomado con la víctima.

Amaiur preguntó por las medidas tomadas tras el informe del Relator de la ONU

El Gobierno, en la misma línea, se limita responder que el ingreso en los Centro de Internamiento de Extranjeros 'no es una detención arbitraria', sino que 'obedece a una resolución judicial con todas las garantías legales y procesales'.

'El Relator no declara que se haya cometido detención arbitraria alguna ni que haya quedado probada violación de derechos humanos, limitándose a mencionar que los presuntos hechos fueron puestos en su conocimiento, sin prejuzgar los mismos', justifica el Ejecutivo en su respuesta.

Sin embargo, antes incluso de la visita del Relator y de su posterior informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya había condenado a España a través de un dictamen por el caso del marroquí Adnam el Hadj, al que se refiere Amaiur. La ONU aseguró que en su detención 'hubo ausencia de orden de arresto y falta de acceso a recursos judiciales expeditos para poner fin a su privación de libertad y a los abusos que se cometieron en su contra', entre ellos, vejaciones, lesiones y torturas.

El Gobierno no sólo tenía conocimiento de ese dictamen, sino que unos meses más tarde respondió para decir que Adnan el Hadj se había autolesionado.

'El Relator no declara que se haya cometido detención arbitraria', justifica el Gobierno

'El Gobierno llega al extremo de negar lo que la ONU evidencia respecto a la existencia de graves casos de racismo en el Estado español', ha señalado el diputado de la coalición, Jon Iñarritu, que califica la respuesta del Gobierno de 'ridícula y preocupante'. 'Muestra la nula voluntad del Gobierno para actuar contra la lacra del racismo y la xenofobia', añade.

En su informe, Mutuma Ruttere no se limita a reconocer la existencia de estos casos de lesiones y torturas, sino que va un paso más allá y recomienda al Gobierno que 'todas las lesiones sufridas por los inmigrantes en los CIE queden documentadas en informes médicos detallados y que los casos de malos tratos, tortura o muerte sean investigados, enjuiciados y debidamente sancionados'.

El caso de Adnan el Hadj fue archivado el 17 de abril de 2013, tal y como indica el Gobierno en la respuesta.

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