Publicado: 15.11.2014 23:30 |Actualizado: 15.11.2014 23:30

El Gobierno oculta pruebas sobre la complicidad de España con Videla

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La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina tenía poco de mecánica y mucho de armada. Durante los terribles años de la dictadura de Jorge Rafael Videla, este gigantesco predio militar -situado muy cerca del campo de fútbol de River Plate- se convertiría en el Auschwitz argentino: por allí pasaron alrededor de 5.500 prisioneros del régimen. Torturas medievales, simulacros de fusilamiento, fusilamientos de verdad... Muy pocos sobrevivieron al horror.

Actualmente, este campo de concentración es un "Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos", en el que víctimas y familiares de desaparecidos desarrollan diferentes actividades a favor de la verdad y la justicia. En uno de sus edificios funciona el "Archivo de la Memoria", un centro documental que actúa como garantía contra el olvido. Hace algo más de un año, allí fueron depositados los soportes informáticos que contienen alrededor de 600 archivos digitalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En lenguaje informático, 17 gigas sobre las denuncias y gestiones realizadas por los desaparecidos españoles.

La desclasificación de estos documentos por parte del gobierno de Rajoy -e incluso por su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero- no fue sencilla ni rápida. Durante 30 años, los familiares de las víctimas se dieron una y otra vez contra las herméticas puertas del Estado español, que se negaba a abrir sus archivos en Argentina. Los reclamos de los familiares de desaparecidos llegaron a la Audiencia Nacional, que hasta en tres ocasiones tuvo que pedir al Ministerio de Exteriores la entrega de estos documentos.

Los archivos desclasificados por el ejecutivo del PP no incluyen toda la verdadEl día tan esperado llegó el 8 de abril de 2013, cuando el subsecretario de Asuntos Exteriores, Rafael Mendivil Peydro, remitió a la Audiencia Nacional, "tan pronto como ha sido posible", dos soportes informáticos con "documentación digitalizada obrante en la Embajada y Consulados generales de España en Argentina (sitos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario) relativa a los desaparecidos entre los años 1970 y 1980".

Sin embargo, Público ha podido confirmar que los archivos desclasificados por el ejecutivo del PP no incluyen toda la verdad: entre la documentación aportada faltan varios telegramas e informes elaborados por la delegación diplomática, en los cuales quedaría demostrado que el gobierno de Adolfo Suárez estaba al corriente de los planes de exterminio impulsados por Videla. Se trata de papeles en perfecto estado de conservación, muchos de ellos con el membrete de "reservado" en su parte superior, que revelan las conexiones de la embajada española con las más altas esferas del régimen. 

En uno de estos documentos, enviado a Madrid el 16 de marzo de 1976 -ocho días antes del golpe de estado en Argentina-, la embajada explicaba al ministerio de Exteriores español que los militares esperaban el "momento táctico favorable para poner en marcha el dispositivo preparado para la toma del poder". "Informaciones confidenciales me señalan que ideólogos peronistas, ante eventualidad del golpe militar, se preparan para restablecer en Madrid un centro rector de la maquinaria justicialista", añadía el encargado de negocios de la misión española, un funcionario de apellido Vidal. 

El "dispositivo" que anunciaba la embajada no era más que un detallado plan de asesinatos: inmediatamente después de acabar con la democracia, la dictadura sacó a sus hombres más fieles a la calle y asesinó a cientos de personas. El embajador español Gregorio Marañón -hijo del famoso médico que dio nombre al hospital madrileño- pudo confirmar estos aspectos con altos mandos de Inteligencia. En un telegrama cifrado del 30 de marzo de 1976, el diplomático relataba que un coronel del Servicio de Informaciones del Estado le había revelado que la Junta Militar "espera y desea una violenta reacción extremista" para emprender entonces su "campaña definitiva contra la subversión". El saldo sería de 30.000 desaparecidos. 


Durante aquel trágico 1976, Marañón mantendría frecuentes contactos con los responsables de la represión. De hecho, el embajador hablaba con frecuencia con agentes de la temible Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para intercambiar datos sobre lo que ocurría en el país y en el mundo. Tal como demuestran otros documentos en poder de Público, el diplomático español llegó a recibir informes elaborados por los servicios argentinos sobre lo que ocurría, por ejemplo, en la URSS.

La documentación desclasificada por el Gobierno español omite los informes de sobre sus encuentros con los principales jefes de la dictadura argentina

Su sucesor, Enrique Pérez-Hernández -un diplomático algo más moderado que el franquista Marañón-, también mantuvo habituales contactos con represores argentinos, a quienes en reiteradas ocasiones pidió la liberación de los españoles detenidos en cárceles de ese país. Sin embargo, la documentación desclasificada por el gobierno de Rajoy omite los informes de Pérez-Hernández sobre sus encuentros con los principales jefes de la dictadura.

Una de esas reuniones tuvo lugar el 8 de marzo de 1978. Mientras miles de argentinos pasaban a engrosar las listas de desaparecidos, el embajador se reunió con el almirante Emilio Eduardo Massera, máximo responsable de la Armada y, por ende, del campo de concentración que funcionaba en la ESMA. De acuerdo a un informe reservado, Massera intentó desligarse de los crímenes cometidos por sus agentes y acusó directamente a los otros cuerpos represivos.

"La guerrilla está prácticamente vencida pero no podemos bajar la guardia -afirmó el almirante-. La marina tiene más bajas en la lucha antiguerrillera que el Ejército y la Fuerza Aérea, pero es absolutamente falso que nuestra acción haya sido salpicada -salvo en algún caso excepcional- por torturas o vejámenes inhumanos. No puedo decir lo mismo -añadió- de los comandantes de cuerpo del ejército (capitanes generales) que son verdaderos caciques en sus demarcaciones y que no rinden cuenta al gobierno de su manera de conducir la lucha".

En aquella reunión, Massera aseguró al embajador que promovería "la publicación íntegra de la lista de desaparecidos con lugares de detención", aunque sólo daría "noticias vagas sobre el enfrentamiento en que murieron". Pérez-Hernández insistió sobre este punto, "explicándole que este tema preocupaba enormemente al Rey, al gobierno y al pueblo español -heridos en su propia carne- sin que la justicia actuase con las garantías mínimas procesales existentes en todo país civilizado". El almirante ni siquiera gastó saliva en responderle. 

Asimismo, los archivos revelan que el embajador español también mantuvo una reunión secreta con el dictador Videla. Ocurrió el 1 de agosto de 1979 en la residencia presidencial de Olivos, ocupada por los militares desde 1976. "La audiencia se prolongó por más de una hora, y en ella hicimos una panorámica de los temas internacionales actuales", señaló Pérez Hernández en un informe reservado.

La dictadura advirtió a los diplomáticos españoles sobre un nuevo plan represivo contra militantes de izquierda

Durante la charla, Videla mostró su "convicción de que el futuro político argentino debe encaminarse a través de una democracia sólida, pluralista y estable, con participación de las Fuerzas Armadas, y buscando en los partidos nuevas personas no comprometidas con el pasado y deseosas de llegar a un sincero acuerdo nacional". De acuerdo a este documento, el dictador habló de "excesos en la lucha antiterrorista de épocas pasadas", al tiempo que volvió a mostrar su interés por cultivar las relaciones con España, asegurando que la embajada de Argentina en Madrid "revestía la mayor importancia" para su régimen.

Algunas semanas después de esta reunión, la dictadura advirtió a los diplomáticos españoles sobre un nuevo plan represivo contra militantes de izquierda. "Los Servicios de Inteligencia argentinos tenían conocimiento de la entrada en el país, con documentación falsa, de delincuentes subversivos -según su clasificación- procedentes de España, en donde habrían recibido instrucción y directivas de actuación con la finalidad de lograr un golpe de efecto coincidente con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explicaba el agregado militar de España en un informe enviado a Madrid el 20 de septiembre de 1979.

La nota en cuestión hacía referencia a la "contraofensiva", un plan del grupo Montoneros que consistía en el regreso de sus exiliados al país para pelear contra el régimen. Tal como confirmaba el informe del agregado español, la Junta Militar conocía las intenciones de los guerrilleros, que serían asesinados a medida que retornaban al país. "Los 16 desaparecidos desde el 3 de agosto podrían estar relacionados con estos hechos o con algún otro de mayor gravedad que haya podido ser abortado por los servicios de Inteligencia", explicaba el informe de la embajada. Actualmente, este caso es objeto de un proceso judicial en Argentina, un país que sigue juzgando a sus verdugos.