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Gobierno, patronal y sindicatos dan (casi) por muerto el Diálogo Social

Zapatero anuncia que el nuevo marco laboral se decidirá por decreto el día 16. Los sindicatos amenazan con la huelga y el PP remueve el avispero.

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La negociación por la reforma laboral da sus últimos coletazos. Gobierno, patronal y sindicatos consideran muy difícil llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. José Luis Rodríguez Zapatero ya ha puesto fecha al decreto unilateral que definirá el marco laboral de España en los próximos años: el 16 de junio. El precio que puede pagar, como han anunciado los sindicatos, es la huelga general .

'El Gobierno tiene ya perfilado el contenido de la reforma', ha dicho Zapatero, quien asegura que 'está muy difícil' alcanzar un acuerdo antes de que se apruebe en el Consejo de Ministros.

Es la crónica de una muerte anunciada. Meses de negociación infructuosa, abandono de la mesa del Diálogo Social y el agotamiento de CCOO, UGT y CEOE casi un año después de retomarla, no han permitido consensuar una reforma laboral deseada por casi todos, pero que se ha topado con un muro de inmovilismo y acusaciones mutuas entre los agentes sociales que ha impedido acometerla.

Esta mañana, tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toxo enterraban prácticamente el proceso, asegurando que el acercamiento estaba 'muy difícil' por culpa, a su juicio, de CEOE, que no estaba 'respondiendo' al 'esfuerzo de diálogo de los sindicatos'.

Por parte de la patronal no hay vuelta atrás. Su líder, Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido hoy directamente al Gobierno 'que acometa la reforma que el país necesita'. Esa reforma a la que se refiere es la que fija una postura de la que no piensa moverse: 'Si no se llega a un acuerdo sobre ese tipo de reforma que estamos pidiendo, va a ser muy difícil que podamos firmar nada', apuntó.

A continuación ha puesto el epitafio: 'Esta tarde tenemos una reunión [con los sindicatos] y vamos a ver si hay alguna posibilidad. Quiero ser optimista, pero lo veo muy difícil'.

Y en el fondo de la ruptura de las conversaciones está la huelga general. Después del plan de ajuste que reducía el sueldo de los funcionarios una media del 5% y el congelamiento de las pensiones, CCOO y UGT han cambiado radicalmente su discurso hacia el Gobierno. Una reforma laboral unilateral del Gobierno rompería el último hilo de consenso que les une.

El líder de UGT lo ha vuelto a insinuar esta mañana: si el Ejecutivo impone una solución sin consenso habrá una huelga general. Tajante. En opinión de Méndez no es el momento de que se 'menoscaben los derechos de los trabajadores'.  El dato de desempleo anunciado hoy, que ha bajado en 76.223 empleados, es a ojos de UGT la prueba de que la recuperación del empleo depende de que se incentive la recuperación económica y no de la legislación en materia laboral.

Y en mitad del avispero que se le puede avecinar a Zapatero si continúa adelante, está el Partido Popular, siempre dispuesto a agitárselo. El coordinador del PP, Cristóbal Montoro, ha asegurado que 'el tiempo se ha acabado' y es necesaria 'una reforma completa, con acuerdo o sin acuerdo'.

Montoro, no obstante, ha manifestado que la reforma laboral no es la única importante porque el problema del paro no se va a resolver 'con nuevos contratos' y hay un conjunto de reformas necesarias, entre las que ha citado la del sector público, la tributaria, la del sector bancario y la energética.

Montoro pide a Zapatero que legisle y Arenas le acusa de autoritarismo si lo hace

El mismo deseo ha expresado la portavoz de los conservadores en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que cree que el dato de paro de hoy no es motivo para retrasar la reforma más. Sin embargo, duda de que Zapatero tenga el 'coraje' necesario para decir: 'Mi país necesita reformas y yo estoy dispuesto a llevarlas a cabo'. 

Sin embargo, el mismo argumento puede servir en el PP para una cosa y para la contraria. Esta semana, Javier Arenas, líder de los conservadores en Andalucía y vicesecretario general de Política Regional a nivel nacional, acuso al Gobierno de querer legislar de forma autoritaria sin consensuar con los agentes sociales, 'como hacen siempre los socialistas'.